Peña indicó hoy en una entrevista publicada por el diario Perfil que "la Ley de Medios es antigua y pensada para un mundo y una comunicación que ya no existe, mucho más centrada en el emisor y en los dueños que en los contenidos", al tiempo que cuestionó la política de comunicación del actual gobierno al considerar que "fue diseñada para una guerra con los medios, y no la compartimos".

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue discutida en más de 200 foros por todo el país, en los que diversos sectores de la comunicación pusieron su punto de vista según las necesidades de cada región y sector.

Gremios, universidades, iglesias, pueblos originarios, redes de radios, intelectuales, abogados, músicos y actores organizados, junto a la Coalición por una Comunicación Democrática que desde el 2004 estableció los 21 puntos para la nueva Ley, debatieron el proyecto que fue enviado por Cristina Fernández al Congreso donde fue aprobado y aceptado por toda la sociedad a excepción del monopolio Clarín que presentó diversas cautelares por cuatro artículos de la Ley que no quería cumplir: 41, 45, 48 y 161.

Poco más de 4 años después, la Corte Suprema estableció que los artículos son constitucionales y deben cumplirse. Sin embargo, hasta el día de hoy, el pulpo mediático sigue sin cumplir esos artículos y otra gran parte de la Ley, como el orden de los canales, tener más de 200 licencias que las permitidas, los límites establecidos para una competencia antimonopólica y no haber presentado un plan de adecuación conforme la Ley, entre otras cosas.

La ley de medios vino a reemplazar a un decreto ley, es decir, una norma con rango de ley que sólo pasa por el Poder Ejecutivo sin aprobación ni tratamiento del Legislativo, de 1980 firmado por Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz que establecía la vieja Ley de Radiodifusión.

Entre las modificaciones más paradigmáticas, se destacan que establece a la comunicación como un derecho humano en lugar de una mercancía comerciable. Lo que da derecho a que universidades, comunidades, pueblos originarios, sindicatos y demás privados sin fines de lucro puedan acceder a radios y canales de televisión.

Esta modificación al decreto del gobierno cívico-militar quiso instaurarse desde la recuperación democrática del 10 de diciembre de 1983, para lo que el Presidente Raúl Alfonsín dispuso la intervención del COMFER hasta la sanción de la nueva ley de radiodifusión, que no se pudo concretar hasta 2009 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El futuro Jefe de Gabinete de Macri también manifestó que existe "la misma discusión con la pauta publicitaria o la libertad de expresión, con hipergarantismo" afirmó Peña y relacionado a la pauta oficial, anticipó que desde Cambiemos están "pensando en ordenarla", y darle "mayor previsibilidad, estudiando mecanismo con la idea de trabajar en conjunto Ciudad, provincia de Buenos Aires y Nación", pero no hizo mención al caso Niembro, que destapó la posible corrupción del gobierno de la Ciudad a través del manejo irregular de la pauta oficial.

Documental 'La cocina de la Ley', de David 'Coco' Blaustein: