Para Macri el Estado era un "aguantadero", pero apenas 2% de sus cargos se nombraron por concurso
Un estudio del CIPPEC destacó que a fines de 2017 sólo el 18% de los funcionarios cumplía con los requisitos formales, mientras que en 2015 el porcentaje era del 32%. Los impactos negativos de la alta rotación de cargos y las designaciones transitorias.
Un punto más del que se agarraba el Presidente para sostener la excusa de la "pesada herencia", se desmorona. "Es fundamental volver a jerarquizar la importancia del empleado público, del acceso a partir de los concursos y dejar de lado la visión nociva de transformar el estado en un aguantadero de la política", decía el Presidente hace exactamente tres meses.
Sin embargo, un estudio de los datos oficiales por parte de la plataforma del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) demostró que la calidad de los trabajadores públicos viene e claro retroceso desde la asunción de Cambiemos. A finales de 2017, "solo el 2% de los directivos públicos era designado por concurso y formaban parte de la planta permanente", destacó el informe reproducido por parlamentario.com.
Desde 2015 los directivos que cumplían con los requisitos necesarios de sus cargos se redujeron de 32% a 18%. En cuanto a la continuidad, el 25% de los directivos públicos que se encontraban designados en 2016 fueron reemplazados y a fines de 2017, solo el 9% del total se mantenía.
“Con la alta rotación y un régimen de designación transitoria, el espacio directivo deja de actuar como la memoria institucional de la administración y, al mismo tiempo, se interrumpe el proceso de aprendizaje organizacional dentro de la órbita estatal”, destacó Gonzalo Diéguez, director del programa de Gestión Pública de CIPPEC.
El deterioro de la calidad contrasta con la expansión de la estructura del sector público: se alcanzó un máximo histórico de secretarías y subsecretarías -pasaron de 85 a 207- con un incremento del 25% total de cargos superiores, sin embargo, según se desprende del estudio de CIPPEC, no se tradujo en un mejor gerenciamiento de políticas públicas.
“El bajo cumplimiento de los requisitos para desempeñarse en el cargo y la reducción en la participación de profesionales atentaron contra las capacidades para gestionar estratégica y operativamente el accionar estatal. En otras palabras, el fortalecimiento de la Alta Dirección Pública sigue siendo una cuenta pendiente. A su vez, las capacidades de aprendizaje institucional y de memoria institucional fueron erosionadas por la modalidad de designación transitoria y la alta rotación”, evaluó Diéguez, uno de los autores del informe citado.
“Esta reingeniería organizacional generó mecanismos de compensación que buscaron atenuar los costos políticos. Hubo un notable crecimiento en los recursos presupuestarios con que los ministros cuentan para asignar discrecionalmente al personal organizacional”, concluyó el trabajo mencionado.