Como era previsible, en el marco de la avanzada de Mauricio Macri para privatizar las centrales termoeléctricas erigidas durante la administración de Cristina Fernández, fue Nicolás "Nicky" Caputo quien se quedó con una de ellas, la central Brigadier López ubicada en la provincia de Santa Fe, por una suma muy inferior al monto invertido por el Estado.

Según informó lapoliticaonline.com, la compañía Central Puerto -propiedad del íntimo amigo del Presidente- se hizo con la licitación gestionada desde Ieasa, la ex Enarsa. Por otra parte, ni YPF ni el propio Caputo pudieron quedarse con la planta de Ensenada Barragán, en la provincia de Buenos Aires.

Mientras los negocios corren, una denuncia por supuesta venta "a precio vil" ya tiene curso y tiene imputados al propio mandatario, los ex secretarios de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.

El juzgado de Daniel Rafecas tramita la causa que sospecha sobre la tasación de las centrales, cuyas ventas perjudicarían al Estado en más de 400 millones de dólares. De acuerdo a la información disponible, las obras de ambas centrales contaron alrededor de 1000 millones de dólares y fueron tasadas en poco más de la mitad de ese valor.

Pero además, otra irregularidad quedó manifiesta en el pago de 100 millones de dólares en carácter de indemnización a Iecsa -la firma histórica del Grupo Macri, ahora en manos del primo Ángelo Calcaterra- luego de que en 2016 rescindiera junto a la española Isolux el contrato para la construcción de las centrales.

Como si fuera poco, dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que llevaron adelante las obras pasaron inmediatamente después de la rescisión en 2016 a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa, es decir, en el Estado para dirigir el proceso de privatización. Como siempre, el viejo truco de estar a ambos lados del mostrador.

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