El documento consensuado por los organismos de derechos humanos leído hace unos minutos durante el cierre de la marcha que conmemora los 42 años del último golpe cívico militar repudió la prisión domiciliaria que favoreció a varios genocidas condenados así como también las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Demandaron a la Corte Suprema que se pronuncie sobre el fallo del 2x1” a favor de los represores y denunciaron la falta de constitución de tribunales en juicios de lesa humanidad y la distancia entre audiencia y audiencia”. “Necesitamos celeridad en estos procesos que fueron un ejemplo en el mundo”, enfatizaron. "No permitiremos ni un retroceso en memoria verdad y justicia. Ni un paso atrás. Ni un genocida suelto", exclamó Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo.

El documento hizo un repaso de los miles de exiliados que dejó la dictadura, el plan económico neoliberal puesto en marcha por la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla en 1976 a través de “un plan sistemático de exterminio” en “más de 800 centros clandestinos de detención” que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos.

Remarcaron, además, que esto ocurrió con la complicidad de la Iglesia Católica, los medios de comunicación “como Clarín, La Nación, La Nueva Provincia de los Massot” y las organizaciones empresarias “como la Sociedad Rural”.

El documento fue leído en distintos tramos, cada uno a cargo de representantes de los diferentes organismos de derechos humanos que se aunaron en la convocatoria a cargo de la primera marcha a Plaza de Mayo. La encargada del cierre fue Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Seguimos defendiendo la patria grande por la que lucharon los 30 mil”, sostuvo y repudió “el discurso discriminatorio y xenófobo que se intenta imponer desde los medios hegemónicos y el Gobierno” y remarcó que “migrar es un derechos humano”.

Uno de los párrafos que leyó Almeida fue tal vez el más ovacionado. Ocurrió cuando hizo referencia “a la lucha de las compañeras por el derecho derecho a decidir”, que fue ni más ni menos que un posicionamiento a favor de la legalización del aborto.

Hubo también un “abrazo” a los “sindicatos que están siendo atacados” y un particular llamado de libertad a los presos políticos, cuya cantidad “desde diciembre de 2015 han aumentado”. “Son compañeros y compañeras a quienes no se les ha probado ningún delito ni tienen condena”, dijeron y sostuvieron que la liberación del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y del dirigente social Luis D’Elía fue “un acto de justicia que nos alienta a seguir reclamando por todos. No aceptaremos la persecución desde el gobierno nacional”.

Luego, los organismos denunciaron la vigencia de “el mismo plan económico (puesto en marcha por la dictadura) y sostenemos la misma lucha. Por eso marchamos contra el ajuste la represión y la impunidad. Por una democracia sin presos políticos”, indicaron.

“Ningún genocida suelto”, exigieron y subrayaron que “ante un gobierno que vulnera los derechos del pueblo seguimos respondiendo con lucha, compromiso y solidaridad”. También advirtieron que “detrás del negacionismo” practicado por varios funcionarios del gobierno nacional al poner en tela de juicio que la cantidad de desaparecidos fue de 30 mil, “está el intento de olvido”. “Y detrás del intento de olvido está la intención de desmovilizarnos. No nos han vencido. Estamos acá, en unidad con el pueblo, con las banderas de los 30 mil en alto”.

Otro tramo destacado fue el que denunció el “cercenamiento de la libertad de expresión”, así como también “el despido de periodistas y el cierre de medios de comunicación a la par del aumento de la concentración en manos de unos pocos medios, los mismos de siempre” que, además, fueron “órganos de propaganda” de la dictadura y que “hoy siguen siendo los voceros de la mentira”. “Son los mismos que se robaron la empresa Papel Prensa”, señalaron y remataron: “Nunca más el silencio”.

La declaración conjunta denunció que en la actualidad “se persigue al que piensa, opina o actúa distinto” y se advirtió que “no es casualidad que el gobierno nacional persiga a jueces y fiscales que han avanzado en causas de lesa humanidad”. “Queremos un Poder Judicial independiente.”

Luego, sin perder de vista que “el principal motivo (de la convocatoria de hoy) es la presencia de nuestros hijos y el repudio al golpe cívico clerical militar”, el documento denunció la “vulneración del Estado de derecho” por parte del gobierno de Cambiemos y tomó como ejemplo tanto los casos de la desaparición y posterior hallazgo muerto de Santiago Maldonado. Exigieron el esclarecimiento de su muerte así como también la de Rafael Nahuel, “asesinado por la espalda” por las fuerzas de seguridad federales.

Al recordar a Maldonado y Nahuel reivindicaron “a quienes luchan por sus tierras ancestrales” y exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su segundo Pablo Noceti. “La violencia institucional hoy es una política de Estado desplegado por el país y refrendada por un presidente que recibe a un policía que ejerce la pena de muerte”.

“Es inadmisible ese mensaje en democracia”, dijeron en referencia al policía Luis Chocobar y mencionaron también a los agentes de la policía tucumana Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, signados de ser los autores del asesinato del niño de 12 años Facundo Ferreira.

Por otra parte, puntualizaron que "acompañamos a las familias de los tripulantes del ARA San Juan" y reclamaron al gobierno que profundice la búsqueda del submarino. Por último se denunció “el terrorismo de Estado en México” y calificó a Brasil como “país militarizado por el gobierno de Michele Temer que llegó al poder a través de un golpe parlamentario”. Se pidió el “respeto” de los acuerdos de paz en Colombia, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las organizaciones guerrilleras y se demandó el respeto de la soberanía de Venezuela y Cuba.

Fuente: Página 12