La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma tributaria que contempla una discusión de ganancias para las empresas que reinviertan sus dividendos, grava la renta financiera, y disminuye en forma gradual los aportes patronales, con el fin de poder disminuir la presión en un plazo de cinco años.

Este proyecto forma parte del paquete de iniciativas económicas impulsadas entre el gobierno y los mandatarios provinciales, que está integrado por el Pacto Fiscal, el consenso fiscal, el Presupuesto 2018 y la reforma previsional que se convirtió en ley en Diputados.

La reforma tributaria ya había sido acordada por el Poder Ejecutivo con 23 de los 24 gobernadores de todo el país, siendo San Luis la única que rechazó la iniciativa que tratará los cambios a la Responsabilidad Fiscal, el Pacto Fiscal y un revalúo impositivo, entre otras medidas.

A su vez, el proyecto desató una nueva polémica, ya que tuvo un cambio de último momento antes de llegar al recinto, que consiste en que una parte de las indemnizaciones por despido y acuerdos de finalización de la relación laboral, como los retiros voluntarios, pasarían a pagar el impuesto a las Ganancias, de acuerdo con El Cronista.

De esta manera, según estimaciones de Clarín, "de aprobarse la ley con esta modificación, el despido de un empleado de 60.000 pesos, pagaría Ganancias sobre 35.000, por cada año de antigüedad; así, con 10 años, una indemnización de 600.000, debería tener una retención de Ganancias por 350.000, seguramente alcanzado, junto a otros ingresos – como sueldo, preaviso-, por la tasa máxima del 35 por ciento".

Cabe destacar que, mientras se aprobaba esta polémica medida, en las afueras del Congreso otra vez y de manera espontánea ocurría otro cacerolazo contra este paquete financiero.