Según se indicó desde ese organismo, lo que hace el gobierno de Mauricio Macri con la implementación de las aulas containers es "empeorar la situación" del sistema educativo porteño, porque "genera una nueva vulneración de derechos, esta vez a través de las aulas container, y esto es inadmisible".

Para Roberto Amette, coordinador del área Igualdad Educativa de ACIJ, "las condiciones en que se desarrolla la educación forman parte del derecho a la educación, y cuando el derecho a la educación se realiza en condiciones que no son adecuadas, se produce una vulneración al derecho".

Ya cuando se conocía la noticia, la legisladora porteña Lorena Pokoik (FPV) certificó la especie al señalar que "se confirmó la compra de containers para dar clases a los que se quedaron sin vacantes", a lo que añadió que `"poner contenedores es un disparate desde todo derecho humano y educativo".

Por su parte, Carlos Oroz, secretario general de Ademys, subrayó que las escuelas container son sinónimo de hacinamiento: "Es un lugar inhumano donde el calor que generan esas chapas descomponen a los chicos".