Así lo consignó la fiscal general en un dictamen con el que respondió a la decisión mediante la cual hace casi un par de meses, dispuso la apertura del procedimiento de “cramdown” (salvataje) de la concursada.

Además, como para Boquin hubo un “uso abusivo del procedimiento concursal”, solicitó que, por sorteo se designe un interventor judicial y el desplazamiento del órgano de administración de la empresa.

Para la fiscal, según informó la Agencia Télam, la empresa “se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”, por lo que pidió medidas y advirtió que, si se las niegan, acudirá vía recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La fiscal hizo constar que para “los efectos que estimen corresponder”, remitió copias de su dictamen a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 8 y al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Secretaría 7.

Boquin acotó que “luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown –según lo ordenara la Cámara 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto” en la Ley de Concursos y Quiebras.

La fiscal advirtió que se ha incrementado el pasivo concursal y que “en esta nueva etapa procesal podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores” si fracasa el “cramdown”.

Boquín reclamó la designación de un interventor judicial “con desplazamiento total del órgano de administración hasta que concluya el procedimiento de salvataje, sin que ello afecte la legitimación de la concursada para recabar nuevas conformidades” a propuestas de acuerdos con acreedores.

Entre las supuestas irregularidades la fiscal mencionó, además del “vaciamiento” de la firma, “la presentación de acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo, “pago de cifras millonarias en concepto de honorarios”, “montos elevadísimos” como “anticipos al directorio”, lo que, a criterio de la representante del Ministerio Público, no solo perjudicó a los acreedores sino también al accionista minoritarios “el Estado Nacional".

La fiscal reseñó que el concurso fue iniciado hace casi dos décadas y recalcó que el régimen concursal “no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación”.

Agregó que, si no, “el sistema concursal se transformaría en un medio apto para socializar las pérdidas del empresario, lo que repugna a los principios de un sistema de economía de mercado que se basa en la asunción de riesgos”.

La apertura del registro para iniciar el procedimiento de salvataje fue ordenada el 18 de diciembre último por las camaristas María Gómez Alonso y Matilde Ballerini, luego que el Estado nacional, principal acreedor, no prestara conformidad a una propuesta de pago.

Algunos meses antes, la Corte había ordenado que continuara el proceso de concurso preventivo del Correo al rechazar un recurso del Estado que pretendía una ampliación del plazo para analizar una oferta de pago.