La noticia se publicó en los medios de Rosario y Córdoba, luego de que el PRO hiciera la convocatoria a través de medios de esa dos ciudades el viernes 25 de abril, sin cupos y con plazo abierto hasta fin de año, aunque el pedido sea para profesionales de todo el país.

Representantes de distintos centros de salud criticaron la medida, por darse en un contexto de despidos de trabajadores de guardia, falta de nombramientos, bajas salariales y hasta cierre de servicios.

Incluso, en varias de las áreas en las que el PRO hizo el pedido contaba con esos médicos, eran más de mil, pero decidió cesantearlos.

Según confió al periódico rosarino La Capital un funcionario porteño, la elección de esas dos ciudades persigue "un interés político de llegar a esas poblaciones con información, datos y vínculos" de cara a la votación presidencial del año próximo.

Para Guillermo Rossi, de la agrupación Renovar y Participar, del Hospital Tornú, miembro de la Coordinadora Gremial por la Salud Pública, "es una barbaridad, porque lo que falta en Capital son precisamente nombramientos. Una de las primeras cosas que reclamamos es que actualicen planteles, estructuras, nombrando gente que está sin nombrar. Otros se jubilan y no son remplazados. Acá sobran médicos y los tienen precarizados".

El Hospital Álvarez, por ejemplo, el PRO despidió en 2013 a la única cardióloga infantil a partir del dictado de la resolución 1657.

Ese decreto indicó el despido de 1500 médicos porteños, aunque desde la Coordinara aseguran que en el distrito además hay 2200 casos ya concursados que están "desfinanciados", sin partidas asignadas.

En el Álvarez también disolvieron programas contra adicciones, trata y violencia. Noventa y ocho profesionales quedaron sin trabajo, entre ellos el equipo que hacía diagnóstico prenatal.

Como bien resume Tiempo Argentino, "a raíz de la situación general, se llevaron a cabo dos Marchas Blancas entre noviembre y enero. En el hospital del barrio de Flores, cuya guardia incendiada en 2012 aún no fue reconstruida, de 14 estudios que se efectuaban con cámara Gamma pasaron a realizarse siete, debido al recorte de la mitad del personal, lo que trajo una extensa reprogramación de turnos".

En tanto, en el Moyano, que está intervenido actualmente por el Ministerio de Salud porteño, que posee 800 pacientes internados y 30 mil consultas externas al año, ante el quite de guardias decidieron priorizar el área de psiquiatría, en detrimento de psicología, trabajo social y rehabilitación, perdiendo uno de los ejes principales de la ley de Salud Mental, el de lo interdisciplinario. Luego de la resolución 1657, las guardias bajaron de 500 a 250. Médicos autoconvocados se reunirán mañana en un abrazo simbólico al neuropsiquiátrico, en la calle Brandsen 2570, a las 11, "para proteger y defender el hospital".

En esta convocatoria del Gobierno de la Ciudad a profesionales de fuera del distrito, también subyace el factor económico. Unos 16 mil trabajadores de la salud pública porteña recibieron su sueldo desde julio pasado con un recorte de al menos un 15 por ciento. La administración macrista lo justificó en que hubo un "error técnico" en la aplicación de la paritaria 2012. Nunca se los recompusieron.

En el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a raíz de la resolución 1657, despidieron a 63 profesionales, y cerraron los programas BAP, que atendía a niños en situación de calle, y el GORIP, que regulaba durante las 24 horas todas las internaciones pediátricas. Este último programa fue ganador del "mérito a la Gestión de Calidad en Salud" por parte del Ministerio de Salud porteño en 2008. La misma cartera que cinco años después lo disolvió. Los programas restantes sobrevivieron con 98 pediatras, sobre los 160 que tenían. Y a su vez reciben un 42% menos de sueldo.