Todos los bonaerenses que tengan vehículo no pueden desconocer lo que es hacer la VTV; obligatoria para todo rodado debe actualizarse año a año. Pero pocos saben quiénes son las empresas privadas que tienen las concesiones de este servicio y cuánto recaudan a costas de verificar que los autos y camiones estén en condiciones de circular.

El 3 noviembre de 1995 fue la fecha en la cuál, y a través de un decreto, se llevó a cabo el armado de este sistema de concesión privada para el servicio de verificación técnica vehicular. Se dividió la provincia en 11 zonas y se aseguró que una empresa no podía tener más de dos zonas a la vez. Se estableció un canon y una tarifa.

La concesión para las empresas fue por un plazo de 20 años con la posibilidad de renovar por otros 12 meses. En 2015 cuando se vencieron todos los plazos fue porrogada por el entonces gobernador Daniel Scioli, situación que repitió María Eugenia Vidal sin tocar una sola coma.

Según una resolución del 14 de junio de 2018 en la que se define un aumento del 42,76% y eleva la tarifa a 724,77% más IVA da cuenta que las empresas en la actualidad son: VTV Norte, Applus Iteuve, ITV, ITEVEBA, Concesionaria 5, Verauto La Plata, Verificaciones Técnicas Vehiculares de Argentina, y VTV Noreste.

Diario Registrado accedió al proyecto que el diputado peronista Walter Abarca presentó en 2015. Allí se propone que "La Provincia asumirá la prestación del servicio público de la VTV en toda la provincia de Buenos Aires" y que "los municipios celebrarán convenios con la Provincia con la finalidad de explotar conjuntamente en el ámbito de la jurisdicción de la VTV".

En este proyecto también se habla de la creación de un Fondo de Fortalecimiento Vial y que lo recaudado por la VTV irá a 60% a la Provincia, y el 40% a favor de los municipios. "Lo importante aquí es la cantidad de dinero que se pierde de recaudar la Provincia de Buenos Aires. Según nuestros cálculos actualizados es un negocio de 5 mil millones de pesos por año" explicó a Diario Registrado, Marcelo Leyria, colaborador del proyecto de Abarca. 

Al respecto de esta cifra dijo que es el resultado de "sumar la VTV de un vehículo liviano que sale 870 pesos y multiplicarlo por el parque automotor". "El sentido del proyecto fundamentalmente es que es un servicio que tranquilamente lo puede prestar el Estado porque no tiene ninguna complejidad. Es un gran negocio y es una cantidad de dinero que se pierde de recaudar la Provincia que pueden estar destinadas a mejorar rutas y caminos rurales" agregó Leyria.

En los fundamentos del proyecto se explica que "la reinversión de lo recaudado se destinará a el Fondo de Fortalecimiento Vial que tendrá como finalidad el mantenimiento, reparación y pavimentación de rutas y caminos". "La ganancias dejan de ser para las empresas que poseen la concesión y pasan a ser del Estado" aseguró el texto en otro párrafo.

"Actualmente no hay una planificación ni avances en la mejora del servicio, tampoco se realizan inversiones ni instalaciones de nuevas plantas que se traduzcan en reducción de distancia, tiempo ni costos" justificó Walter Abarca su proyecto pero este no es el único que se presentó y que no contó con ninguna venia del oficialismo.

El 5 de mayo del 2017 el diputado del Frente Renovador Ricardo Lissalde también presentó una alternativa al sistema actual. Diario Registrado habló con él y accedió a la normativa. En el artículo 9 se establece que "Podrán ser prestadores del servicio de verificación técnica vehicular aquellas personas físicas o jurídicas que posean instalaciones que cumplan con los requerimientos edilicios, de equipamiento, y de recursos humanos que se establezcan en la reglamentación de la presente".

Posteriormente en el artículo 11 se explica que "las inspecciones en los talleres habilitados para la prestación del servicio serán realizadas por la Autoridad de Aplicación. Se harán de acuerdo a las formas y condiciones que se establezcan en la reglamentación. Podrán realizarlo por sí o por convenio con terceros u otros organismos estatales".

En los fundamentos se establece que "el sistema actual ha sido diseñado con concesiones, las que han sido otorgadas por un plazo de 20 años de manera exclusiva, excluyente, monopólica. Se eligió dividir la provincia en zonas geográficas, donde cada una de ellas abarca varios distritos de acuerdo a  la cantidad de vehículos radicados en cada zona. Este proyecto se presentó con miras de los vencimientos de las concesiones.

Se buscó bajar los costos ya que "el nuevo sistema no contenga en la tarifa la amortización de la inversión" y que permitirá salir de un "sistema monopólico y exclusivo a la vez de garantizar la efectiva cobertura territorial del servicio". "Las plantas actuales continuarán funcionando pero no lo harán de forma exclusiva ni excluyente" y a las 71 instalaciones se le sumarán otras 40 que ya se encuentran radicadas en el territorio. "Nuevos inversores podrán solicitar la habilitación de nuevas plantas" asegura el texto.

“Presenté un proyecto para que no haya más monopolio en la concesión, que los talleres se pueden presentar de manera libre. Que la tarifa tenga un techo, pero una libre competencia en los precios hacia abajo. Pese a esto, Vidal prorrogó la concesión y seguimos sin Ley" aseguró Lissalde a Diario Registrado y completó: “‘Cambiemos’ es el gran nombre del cambio, pero en muchos aspectos se transformó en “sigamos” y la prórroga en las VTV es un ejemplo de ello”.

El espíritu de los proyectos es similar, terminar con estas concesiones prorrogadas indefinidamente y sin control, la diferencia es que uno propone que la prestación del servicio la provea el Estado y el otro que los pequeños talleres se sumen a las prestadoras actuales. Llama la atención además que el sistema actual casi no presenta datos públicos sobre los números actuales.

Así varios funcionarios manifestaron no conocer cuál es el canon que las concesionarias le pasan al Estado por la facturación millonaria que realizan. Ningún decreto ni resolución lo especifica (solamente se informa cuál es el destino del canon). La Cámara Argentina de Verificadores de Automotores que tiene que controlar a las empresas no tiene página web que se presente como tal.

Solo se accede a ella a través de la web http://www.infovtv.com.ar y yendo a la pestaña términos y condiciones. Cuando se quiere hacer click en la leyenda "La lista completa de las empresas pertenecientes CAVEA, direcciones y actividades está disponible en la siguiente página web: www.infovtv.com.ar Términos y Condiciones" vuelve a enviar al usuario a la página anterior. La información que debería de ser pública no es de libre acceso.

Diario Registrado trató de comunicarse con el mail consultas@infovtv.com.ar y ante la negativa trató de ponerse en contacto con Mariano Mohadeb secretario de Medios de la provincia de Buenos Aires quién al igual que CAVEA nunca respondió ningún tipo de comunicación con este portal de noticias.