Como ocurre tras los cambios de gobierno, funcionarios macristas que ocupaban cargos jerárquicos fueron desplazados pero parece que pretenden atornillarse a sus puestos a como dé lugar o al menos llevarse una jugosa indemnización por parte del Estado.

El caso que se conoció este martes es el de Juan Ignacio Uribe, exdirector de Recursos Humanos de Aerolíneas Argentinas, que trabajó dos años y 11 meses durante la gestión de Cambiemos y que ahora pide que le paguen 418 millones de pesos como resarcimiento (algo así como casi 12 millones de pesos por mes trabajado), según publicó El Destape.

Uribe fue despedido junto a otros directivos de Aerolíneas, que habían ingresado con la gestión de Macri y que eran considerados cargos políticos, y que ya recibieron su indemnización simple por orden del nuevo presidente de la compañía, Pablo Ceriani; pero el ex RRHH pide más, argumentando “daño moral, despido, diferencias de salarios, multas de ley y reclamo de certificado de trabajo”.

El caso de Uribe no sería aislado. En PAMI hay “más de 60 cargos políticos que están tomando una postura antiética y no quieren dejar su cargo”, según señalaron desde el organismo. Y en Vialidad, que ahora depende del Ministerio de Obras Públicas, “entre gerentes ejecutivos, gerentes comunes, subgerentes, asesores con rango de gerente y la administradora, son 21 las desafectaciones que se están llevando adelante;  algunos presentaron sus renuncias pero otros no, e iniciaron acciones, mientras que a algunos de los involucrados se les está exigiendo la entrega de los bienes como autos, teléfonos y notebooks”. 

Situación similar es la del expresidente de Arsat, Raúl Martínez, quien días atrás renunció sólo como titular del directorio de la compañía satelital estatal y pretende mantener su cargo de gerente general o recibir una doble indemnización, de acuerdo con Ámbito Financiero.