Mientras algunos dirigentes de derechos humanos realizaron un acto virtual a través de Facebook por el tercer aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, otras personas se manifestaron en el centro porteño donde fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad.

En el foro virtual estuvieron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Taty Almeida, y Nora Cortiñas, referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el hermano del joven que desapareció el 1 de agosto de 2017, y cuyo cuerpo se encontró en el río Chubut, Sergio Maldonado.

La Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), a través de uno de sus referentes, Ismael Jalil, repudió el hecho y dijo que a los detenidos se les va tomar declaración este domingo en la fiscalía y que durante el transcurso de la noche no habían tenido información de que los detenidos hubiera sufrido lesiones.

En el acto virtual, Sergio Maldonado, leyó un documento señalando que, "hasta la fecha, su desaparición y muerte siguen impunes" y que "no hay ninguna persona declarada penalmente responsable". "La falta de respuesta del gobierno anterior y del actual garantiza la impunidad para que se vuelvan a repetir hechos como la desaparición forzada". "No pretendemos que el Gobierno interfiera en la Justicia, como lo hizo el macrismo, pero sí esperamos que el presidente Alberto Fernández dé un claro mensaje en relación a que acompaña a la familia en el pedido de verdad y justicia"

A  su vez, Taty Almeida exigió "el esclarecimiento del caso: que se investiguen todas las responsabilidades, tanto de los miembros de las fuerzas de seguridad como las autoridades políticas, y que se esclarezca la responsabilidad de Patricia Bullrich".

Pérez Esquivel, por su parte, destacó que "es un crimen que está en la impunidad".

Y Estela de Carlotto marcó que el aniversario de la desaparición de Santiago es "una fecha nefasta para el país".

A su vez la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado:

“La protección y apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe constituir una política de Estado que atraviese las gestiones de gobierno. El reconocimiento de la extrema gravedad de estos casos es el primer paso para abordarlos con la seriedad y el compromiso que merecen, poniendo a disposición de las víctimas y sus familias todos los recursos del Estado”.