El presidente Alberto Fernández anunció que dentro de los próximos diez días enviará al Congreso un proyecto de despenalización y legalización del aborto, y que el Gobierno lanzará un “contundente” programa de educación sexual integral para prevenir los embarazos no deseados. “En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, afirmó el mandatario.

El anuncio, aunque esperado, fue el momento más aplaudido, y de mayor emoción de la apertura de las sesiones ordinarias. Diputadas y diputados y otros funcionaries se pusieron de pie para celebrar sus palabras y se escucharon algunos gritos de euforia, en el recinto de la Cámara de Diputados. Algunes lagrimearon, adentro y en los alrededores del palacio legislativo, por el momento histórico. Medio centenar de bancas, la mayoría del Frente de Todes, exhibían el pañuelo verde, símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El festejo de la gente, afuera del Parlamento:

Festejo en la calle por el anuncio del proyecto de aborto legal

Apenas uno celeste en el de una diputada del PRO. Al mismo tiempo, Fernández, confirmó que “paralelamente”, presentará otra iniciativa parlamentaria que “instaure el Plan de los 100 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida”, con la idea de que no recurra al aborto ninguna mujer por ser pobre.

“La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos. Distintos son los aspectos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo y aquellas que deciden interrumpir su embarazo. Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollan accediendo plenamente al sistema de salud”, introdujo el tema el Presidente, hacia el último tramo de su discurso.

A continuación se refirió a la legislación vigente en materia de aborto y destacó que “no es efectiva”. “Desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde un criterio preventivo. Está dicho que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos. La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma. También ha condena a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, para incurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces, su vida misma”, describió Alberto Fernández.

“Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y solo esa hipocresía que a veces nos atrapa es la que nos hace caer en un debate como este. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, señaló el presidente. Fue cuando los aplausos, contundentes, y algunos gritos de euforia, dejaron su voz en segundo plano. Las lágrimas de algunes, como la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, vendrían a continuación cuando fue concreto en su anuncio: “Por eso dentro, de los próximos diez días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toma la decisión”, agregó.

Se trata de un hecho histórico. Será la primera vez que un presidente envía un proyecto de estas características al Congreso y tiene la voluntad política de que se convierta en ley. El texto ya está terminado, falta que el mandatario le ponga su firma. Fue elaborado por un equipo liderado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra –quien en su momento fue autora del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario—junto a funcionarias de los ministerios de Salud y de Mujeres, Géneros y Diversidad.

La propuesta recupera los consensos básicos que surgieron del debate de 2018. Incluirá la despenalización y la legalización del aborto en las primeras semanas de gestación y en los casos ya previstos en el Código Penal, es decir, no solo que deje de ser delito que una mujer o persona con capacidad de gestar se someta a una interrupción voluntaria de embarazo sino que además se garantice la práctica gratuita en hospitales públicos. El encuadre es sanitario: el aborto es un problema de salud pública que debe ser atendido por el Estado, ese es el espíritu. En Diputados, se pondrá en discusión junto a otras iniciativas de Interrupción Voluntaria de Embarazo como el de la Campaña, que se volvió a presentar por octava vez en 2019.