LA TROIKA (Cambiemos - Corte - Clarin)
4 de diciembre de 2015, Clarín. Junto a la foto de los sonrientes Garavano, Lorenzetti y Maqueda, el diario titula “Coparticipación: aseguran que la Justicia podría anular el decreto de la Presidenta”. El titular, la imagen y el cuerpo del texto expresan con claridad el espacio político que ganó la última elección: Clarín construye la agenda, la Corte Suprema demarca los lineamientos políticos y Cambiemos ejecuta.
Así como “la troika” refiere en la coyuntura actual europea a la tríada financiera integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional que se ha ocupado de imponer los rescates financieros en los países europeos y aplicar y supervisar los programas de “consolidación fiscal”, en el caso argentino y en su accionar reciente, el Grupo Clarín, la Corte Suprema y el frente Cambiemos han delineado movimientos conjuntos en cuestiones clave del orden económicoy político orientados hacia la restauración conservadora argentina.
Luego de las elecciones generales del 25 de octubre, la Corte Suprema mostró una inusitada actividad vinculada con cuestiones sensibles de política nacional. Mayoritariamente impulsó sentencias firmadas sólo por Lorenzetti, Maqueda y el renunciante Fayt, las cuales se concentraron en asuntos del plano económico que inciden en la determinación de ganadores y perdedores en el reparto del excedente social. Estos fallos constituyen además un fuerte mensaje –del orden de la política indicativa- al resto del poder judicial en favor de autolimitaciones, e incluso frenos, respecto de las políticas kirchneristas. Por su parte, desde el Grupo Clarín, no sólo se brindó un insustituible apoyo en el trabajo de “explicar” la necesidad de aplicar las medidas económicas propuestas por Cambiemos (como dar por terminado el “cepo”, justificar una inevitable devaluación, o instalar al dólar blue como indicador de la evolución económica), sino que en días recientes también se vertieron “consejos” al próximo gobierno. Finalmente, la tarea del frente Cambiemos ha sido la de proponer las principales políticas económicas en virtud de la concreción del objetivo restaurador, y de designar a sus ejecutores en el equipo económico.
El funcionamiento tripartito de estecogobierno se manifestó prematuramente en las pocas semanas transcurridas luego de las elecciones generales:
1. Disciplinamiento social con ajuste y devaluación. Achicamiento de la Seguridad Social.
El paquete de ajuste del “cambio”. El objetivo esgrimido en el macrismo para impulsar una devaluación ha sido la mejora de la “competitividad” del país (en virtud de las devaluaciones de Brasil y otros socios comerciales), fijando el tipo de cambio en valores similares al actual dólar ilegal. Así lo manifestaron tanto Prat Gay como Melconian, apuntando a que la cotización se ubicaría en el corto plazo cerca de unos $16 por dólar. No mencionan un dato conocido del país vecino: en Brasil a pesar de la devaluación cayeron un 17 por ciento las exportaciones en relación al 2014. Es decir, el abaratamiento a través de la variación del tipo de cambio no genera per se dinamismo en las exportaciones y menos todavía en las economías regionales afectadas por problemáticas estructurales.
Aunque ostensiblemente omitido, la transferencia de ingresos es el objetivo central: la devaluación implica una significativa caída del salario real (por encarecimiento del costo de vida, como ya ocurre en el caso de alimentos y medicamentos), de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y con ello un “ordenamiento” de la relación capital-trabajo. La transferencia de ingresos que estas medidas suponen se cristaliza en los dichos del próximo presidente de Banco Nación –Melconian- quien indicó que “ya no se pueden subir más sueldos y jubilaciones” (04/11), escenario combinado con el aumento de tarifas de servicios públicos como gas y electricidad -como sostuvieron Michetti y Aranguren- que sin dudas incrementaría aún más el nivel de precios: “no podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte como lo estamos pagando” (30/10).
Las medidas hasta aquí descritas se potencian con la ya anunciada e inmediata suspensión de las retenciones para trigo, maíz, girasol, carne y la reducción del 5% a la soja, lo que generaría un elevado costo fiscal que, para evitar el aumento del déficit fiscal (otro objetivo esgrimido), supondría un ajuste del gasto.
El aporte de la Corte.  Al día siguiente de la victoria de Cambiemos, la Corte Suprema intervino en la política económica confirmando un rumbo determinado: el ajuste. Falló estableciendo la restitución inmediata del 15% de la coparticipación provincial para beneficio de manera directa de Santa Fe, San Luis y Córdoba (a las que se agregó el pago de la deuda contraída desde 2006 a la fecha), y la suspensión inmediata de los descuentos. Considerando solamente la no retención del 15% al conjunto de las provincias, se trataría de 125 mil millones de pesos que dejaría de percibir la Anses, lo que representa aproximadamente el 20% de sus ingresos. Este recorte no es inocuo, sino que tiene un impacto sobre el cálculo de la movilidad jubilatoria, que incluye en su fórmula la evolución de los fondos del organismo. Pero fundamentalmente, la decisión apunta a condicionar el funcionamiento de uno de los pilares de la política económica actual, tanto por las jubilaciones, pensiones y programas sociales que financia como por su rol contracíclico en la macroeconomía.
Desde La Nación se clarificó la intención de la decisión de la Corte: “si [el fallo] hubiera aparecido antes habría impedido a Cristina Kirchner financiar planes como los Procrear, ProcreAuto y Conectar Igualdad y Ahora12” (24/11). El diario Clarín directamente sugirió reformas: “el fallo podría empujar al nuevo gobierno a impulsar una reforma jubilatoria” (25/11).
En una expresión paradigmática del funcionamiento de la troika, Cambiemos optó por recostarse sobre la Corte en este tema, acordando promover la inconstitucionalidad del DNU de Cristina y sosteniendo que se trata de un fallo puntual acotado a las tres provincias demandantes (“Acá no hay me too” dijeron). Desde el Diario Clarín se despejaron dudas: consideraron que “el DNU firmado esta semana por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es equiparable a un abuso de poder y no se basa en el fallo que firmó el tribunal” (04/12). El 9/12 la Corte zanjó la discusión excluyendo a Formosa en virtud de un análisis “caso por caso” y el 10/12 la justicia de primera instancia suspendió el DNU de CFK.
El papel de los medios hegemónicos. Si en lo que refiere al fallo de la Corte desde los medios hegemónicos se avanzó aún más sugiriendo recortes o reformas previsionales, respecto al paquete de ajuste de Cambiemos se evidenció una directa desvinculación de sus impactos negativos junto con la preparación del terreno para su aplicación.
Los matutinos mencionados apuntaron a generar las condiciones de aceptación social de una devaluación antes o después del 10 de diciembre, focalizando –alternativamente- en distintas variables: 1) las “pocas” y/o ficticias reservas en el Banco Central 2) el aumento del “blue” y su asociación inmediata como indicador del desempeño económico, 3) la razonable retención de la cosecha, 4) la imposibilidad de adquirir dólares libremente por la aplicación del “cepo” cambiario, 4) la imposibilidad de operar dólar futuro, y 5) la lógica resistencia de las aseguradoras a deshacerse de los bonos en dólares. Merece además particular atención la responsabilización del aumento inflacionario pos-22N al gobierno saliente, la denuncia de “inexistencia de controles de precios”, y la deliberada la desconexión del fenómeno con los anuncios devaluatorios de Cambiemos, luego de haber batallado durante años contra el intervencionismo estatal y particularmente el programa Precios Cuidados y la nueva “Ley de Abastecimiento”.
2. Determinación del sindicalismo“ganador” y los aliados en la contención del conflicto
La pata sindical de Cambiemos. Moyano y Venegas son los socios sindicales del macrismo, que consecuentemente ayudan en la estrategia económica. Moyano se encargó de enfatizar que “la devaluación la está haciendo el gobierno que se va”, y sus presiones significaron el retroceso en el nombramiento de Lawson de Arcor en la cartera laboral y la designación de Jorge Triaca (h) –y posiblemente de Sabor en la provincia de Buenos Aires-. Por su parte,
Triaca (h), pidió comprensión a los gremios y agregó “a los trabajadores, pedirles que miren las expectativas de inflación que va a generar nuestro gobierno y que se adecuen sus reclamos en ese sentido”, adelantando una baja recomposición salarial atendiendo al objetivo antiinflacionario de Cambiemos. Ello además se completa con la estrategia desde la cartera que conducirá Prat Gay: desconocer los aumentos de precios en tanto se pedirá en la “mesa tripartita” retrotraer los precios al 30 de noviembre pasado. Así entonces, legitimar la transferencia de ingresos que tuvo lugar entre el 23 y el 30 de dicho mes, ostensiblemente al calor de la victoria del candidato devaluacionista.
La Corte y el Momo. En la misma fecha, la Corte determinó dar lugar al pedido del dirigente sindical macrista Gerónimo Momo Venegas para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la ley que establecía la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) y con ello el traspaso de las funciones, personal y patrimonio del viejo Renatre al nuevo ente autárquico estatal. La Corte anuló un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, desoyó a la Procuraduría que sugirió acatar el fallo de la Cámara y dictaminó la necesidad de nuevo fallo. La decisión de la Corte impide así la implementación plena del estatuto de los peones de campo y la disolución del Renatre, el organismo que maneja $ 800 millones anuales administrado desde el gremio de peones rurales (UATRE), que nunca ayudó a combatir el empleo no registrado en el sector.
El aporte de Clarín. En este juego, Clarín promovió un pacto social entre empresarios y sindicalistas (“Preparativos para un pacto social”, válido tanto para Scioli, Macri o Massa, 07/09) no sustentado en el aumento del salario real ni en el aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional sino en concesiones al sindicalismo aliado. Dicho pacto pretende la contención del conflicto social por parte del sindicalismo y como prenda de cambio, la entrega de la administración de los fondos de las obras sociales (Superintendencia de Servicios de Salud) a Moyano y la Secretaria de Seguridad Social a Venegas.
3. El fortalecimiento del negocio financiero
El papel de la Corte y el poder judicial. El juez Bonadio otorgó particular atención a la denuncia de Pinedo, Negri y Prat Gay sobre la venta de dólares a futuro y en ese marco allanó el BCRA con el objetivo de presionar para su renuncia a su presidente, Alejandro Vanoli. El hecho se produjo sólo una semana antes de la elección, cuando la documentación solicitada ya había sido entregada. El mismo día, el todavía candidato presidencial Mauricio Macri, indicó “Alejandro Vanoli tendría que tener la dignidad de renunciar. No cuidó el valor de la moneda y las reservas”.
El papel de Clarín. Casi preanunciando esta denuncia, Clarín decía el 3/11/15: “La gran contienda tendrá lugar dentro del Banco Central (…) Será una batalla crucial, pues en cualquier política económica tomar rápidamente el control del BCRA es clave”. El diario ha oficiado de apoyo inestimable a la justificación de la causa contra Vanoli a través de la deliberadamente errónea afirmación de “despilfarro de dólares” por la operatoria de mercados a futuro. La denuncia además desconoce dos ejes básicos: se trata de una operatoria habitual y es en pesos. No obstante, el objetivo de fondo consistió en el desprestigio de Vanoli y su eventual renuncia, concretada el 9 de diciembre.
El accionar de Cambiemos. La disputa por la presidencia y el rol de BCRA se ha mantenido a lo largo de la campaña. Como primera arista de la cuestión, se encuentra la posibilidad concreta de realizar la devaluación tal como está prevista por Cambiemos, sólo factible teniendo control de la entidad. Pero tiene una segunda razón: acabar con el proceso de regulación a los bancos, iniciado en 2012 a partir de la reforma de la Carta Orgánica. La finalidad es abocar al Banco Central sólo a tareas monetarias, estableciendo metas antiinflacionarias y habilitando la desregulación de tasas de interés que alimentaron el negocio financiero bancario entre 1976 y 2001. La desregulación se traduciría en el aumento de los márgenes de ganancia ya elevados que ha obtenido el sector bancario durante el kirchnerismo (en agosto 2015, los bancos ganaron 2.659 millones de pesos, un 15,2% por encima del mes de agosto del año anterior, mientras que entre en los últimos doce meses ganaron 27.009 millones de pesos). La desregulación es sinónimo además de la posibilidad de canalizar el ahorro en el negocio financiero, sin compromisos de préstamos al sector productivo, y la liberación de la fijación de tasas de interés (carente además de topes como el CFT -costo financiero total- que actualmente se regula).
4. El fortalecimiento del negocio privado concentrado: CEOs, beneficios fiscales y la lógica de la ganancia.
El papel de la Corte y el poder judicial. El mencionado fallo de la Corte sobre el Renatea no sólo recompone el lugar del Momo Venegas en el esquema sindical, sino que favorece económicamente al empresariado rural, dado que la no implementación de la ley de peones rurales permite evitar la aplicación de las multas y los agravamientos indemnizatorios que tienen el resto de los trabajadores de la actividad privada en un sector cuya informalidad laboral se encuentra en el orden del 60%, duplicando el promedio de la economía. Como botón de muestra de la alianza sindical-patronal, el Renatre conducido por Venegas no hizo gestiones para cobrar las deudas en conceptos de contribuciones patronales, que en 2011 ascendían a 49 millones de pesos.
Por otro lado, a contramano de las decisiones de primera y segunda instancia y de lo indicado por la Procuraduría, la Corte estableció que YPF debía dar a conocer las cláusulas del acuerdo firmado con Chevron para la explotación de Vaca Muerta. Los habituales gurúes defensores de la privacidad empresaria (que han rechazado los pedidos de información sobre costos previstos en el Observatorio de Precios) esta vez no aparecieron para cuestionar la inseguridad jurídica del fallo. Esto se debió a que, en este caso, el fallo ayudaba a poner en tela de juicio la política energética impulsada por CFK: hidrocarburos como bien público.
Clarín y el poder económico concentrado. La línea editorial de los últimos tres meses, ha supuesto: i) la instalación del Coloquio de IDEA y el Foro de Convergencia Empresaria como voces excluyentes del empresariado argentino; ii) el ocultamiento de la responsabilidad empresarial en la evolución económica (inflación, corridas cambiarias, retención de cosecha, desabastecimiento, incumplimiento de normas determinadas por el ejecutivo); iii) como contracara de lo anterior, la responsabilización al Poder Ejecutivo por el devenir económico; iv) la llana defensa de la impunidad de los grandes grupos económicos, cuestionando la conformación de la Comisión que investigue el rol empresario durante la dictadura: “Más preocupación empresaria por la nueva embestida oficial” (02/10, Clarín); v) la participación directa en la generación de expectativas y construcción de consignas: “fin de ciclo”, ausencia de “clima de negocios” y de “seguridad jurídica”, la “mordaza” empresarial o el “dialogo roto” entre el gobierno y los empresarios.
Nombre y Apellido Cargo público Grupo Económico vinculado
Alfonso Prat Gay Ministro de Hacienda JP Morgan
Juan José Aranguren Ministro de Energía y Minería Ex CEO de Shell
Gustavo Lopetegui Manager económico Eki/Milkaut/CEO de LAN Argentina
Isela Costantini Titular de Aerolíneas Argentinas CEO de General Motors
Francisco Cabrera Ministro de la Producción Ex CEO de Máxima AFJP – HSBC
Guillermo Dietrich Ministro de Transporte Accionista de importante concesionaria
Carolina Stanley Ministra de Desarrollo Social Hija de Guillermo Stanley, Citibank y fondo de inversión
Inverlat (Pizza Hut, Wendy´s, Havanna y KFC)
Miguel de Godoy AFSCA MDG Comunicaciones. Presta servicios a Gol, Freddo,
Pfizer, Sadesa, Mc´Donald, Farmacity y Carrefour
Mario Quintana Secretario de Coordinación Adm. y Evaluación Presupuestaria Ex Farmacity
Miguel Ángel Punte Secretario de Empleo Ex Director de RRHH de Techint
Miguel Braun Secretario de Comercio Interior La familia Braun es dueña de los supermercados
La Anónima y posee participaciones en
Banco Galicia. Federico Braun (tío) es
además presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU)
Leonardo Sarquis Ministro de Asuntos Agrarios Pcia Bs. AS Ex Gerente de Monsanto
Quien no ocupa cargo pero constituye un aliado de Macri y principal contratista en la ciudad de Buenos Aires es el empresario de la construcción Dante Caputo.
El aporte de Cambiemos. Un gobierno de Mauricio Macri no sólo supondría shocks (como la megadevaluación) en favor de los grandes grupos económicos, sino que los propios anuncios del candidato adelantan una conformación del Gabinete con presencia del sector privado y particularmente de grandes empresas. No es la primera vez que ocurre en la historia argentina. El caso más paradigmático fue la última dictadura cívico militar, donde participaron: Martínez de Hoz como Ministro de Economía, P. Terán Nougues, C. Eytcheverrigaray, F Soldati y A. de Achaval, vicepresidentes y directores del Banco Central y Banco Nación respectivamente, E. Oxenford como director de YPF, J. Gamboa como vicepresidente del Banade, F. PucaProta como Secretario de Minería, D. Brunella como Secretario de Energía y G. Klein como Secretario de Programación Económica entre otros.
El pasado 16 de octubre en el Coloquio de IDEA Macri lo expresó en palabras: “mi gabinete va a acordar la política con ustedes”. En coherencia con ello, en el Gobierno de Macri, los cargos destinados a los empresarios son aún más significativos y de mayor cantidad que los delegados durante el último gobierno militar.
De todas formas, este gabinete es el preámbulo de la aplicación de políticas a favor del empresariado concentrado. Un ejemplo de ello fue la propuesta de Frigerio, Ministro del Interior de Macri, en torno a la reducción de impuestos y contribuciones para “estimular” la contratación de nuevo empleo joven. Como hemos comprobado en la década de los noventa, la reducción de contribuciones no genera empleo por sí misma (las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% -promedio-en el 2000 y uno de los picos de la tasa de desocupación fue 1994: 19,4% de desocupados); tampoco activa la economía (entre 1993 y 2001 el PBI creció en promedio al 1,4%, mientras que el crecimiento entre 2003-2007 fue de 8,8%y de 4,7% entre 2008 y 2013).Pero además, la reducción de aportes genera la desfinanciación del Estado y favorece la concentración: entre 1994 y 2000, la reducción de los aportes patronales significó 16.057 millones de pesos, que se sumaron a las restantes reducciones -como los aportes al sistema de obras sociales- por 29.960 millones de pesos.
En síntesis, vía aplicación de ajuste económico, habilitación del negocio financiero, acuerdos con el sindicalismo patronal, y la entrega de la llave de la Rosada a gerentes del sector privado, a todas luces los directos beneficiarios del gobierno de Macri son los grupos económicos concentrados. No es la alianza con el radicalismo, sino la troika con participación de medios hegemónicos y el poder judicial, el verdadero armado político que posibilita la restauración conservadora.
Hernán Letcher hernanletcher@hotmail.com
Julia Strada juliastrada@gmail.com
Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

4 de diciembre de 2015, Clarín. Junto a la foto de los sonrientes Garavano, Lorenzetti y Maqueda, el diario titula “Coparticipación: aseguran que la Justicia podría anular el decreto de la Presidenta”. El titular, la imagen y el cuerpo del texto expresan con claridad el espacio político que ganó la última elección: Clarín construye la agenda, la Corte Suprema demarca los lineamientos políticos y Cambiemos ejecuta.

Así como “la troika” refiere en la coyuntura actual europea a la tríada financiera integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional que se ha ocupado de imponer los rescates financieros en los países europeos y aplicar y supervisar los programas de “consolidación fiscal”, en el caso argentino y en su accionar reciente, el Grupo Clarín, la Corte Suprema y el frente Cambiemos han delineado movimientos conjuntos en cuestiones clave del orden económicoy político orientados hacia la restauración conservadora argentina.

Luego de las elecciones generales del 25 de octubre, la Corte Suprema mostró una inusitada actividad vinculada con cuestiones sensibles de política nacional. Mayoritariamente impulsó sentencias firmadas sólo por Lorenzetti, Maqueda y el renunciante Fayt, las cuales se concentraron en asuntos del plano económico que inciden en la determinación de ganadores y perdedores en el reparto del excedente social. Estos fallos constituyen además un fuerte mensaje –del orden de la política indicativa- al resto del poder judicial en favor de autolimitaciones, e incluso frenos, respecto de las políticas kirchneristas. Por su parte, desde el Grupo Clarín, no sólo se brindó un insustituible apoyo en el trabajo de “explicar” la necesidad de aplicar las medidas económicas propuestas por Cambiemos (como dar por terminado el “cepo”, justificar una inevitable devaluación, o instalar al dólar blue como indicador de la evolución económica), sino que en días recientes también se vertieron “consejos” al próximo gobierno. Finalmente, la tarea del frente Cambiemos ha sido la de proponer las principales políticas económicas en virtud de la concreción del objetivo restaurador, y de designar a sus ejecutores en el equipo económico.

El funcionamiento tripartito de estecogobierno se manifestó prematuramente en las pocas semanas transcurridas luego de las elecciones generales:

1. Disciplinamiento social con ajuste y devaluación. Achicamiento de la Seguridad Social.

El paquete de ajuste del “cambio”. El objetivo esgrimido en el macrismo para impulsar una devaluación ha sido la mejora de la “competitividad” del país (en virtud de las devaluaciones de Brasil y otros socios comerciales), fijando el tipo de cambio en valores similares al actual dólar ilegal. Así lo manifestaron tanto Prat Gay como Melconian, apuntando a que la cotización se ubicaría en el corto plazo cerca de unos $16 por dólar. No mencionan un dato conocido del país vecino: en Brasil a pesar de la devaluación cayeron un 17 por ciento las exportaciones en relación al 2014. Es decir, el abaratamiento a través de la variación del tipo de cambio no genera per se dinamismo en las exportaciones y menos todavía en las economías regionales afectadas por problemáticas estructurales.

Aunque ostensiblemente omitido, la transferencia de ingresos es el objetivo central: la devaluación implica una significativa caída del salario real (por encarecimiento del costo de vida, como ya ocurre en el caso de alimentos y medicamentos), de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y con ello un “ordenamiento” de la relación capital-trabajo. La transferencia de ingresos que estas medidas suponen se cristaliza en los dichos del próximo presidente de Banco Nación –Melconian- quien indicó que “ya no se pueden subir más sueldos y jubilaciones” (04/11), escenario combinado con el aumento de tarifas de servicios públicos como gas y electricidad -como sostuvieron Michetti y Aranguren- que sin dudas incrementaría aún más el nivel de precios: “no podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte como lo estamos pagando” (30/10).

Las medidas hasta aquí descritas se potencian con la ya anunciada e inmediata suspensión de las retenciones para trigo, maíz, girasol, carne y la reducción del 5% a la soja, lo que generaría un elevado costo fiscal que, para evitar el aumento del déficit fiscal (otro objetivo esgrimido), supondría un ajuste del gasto.

El aporte de la Corte.  Al día siguiente de la victoria de Cambiemos, la Corte Suprema intervino en la política económica confirmando un rumbo determinado: el ajuste. Falló estableciendo la restitución inmediata del 15% de la coparticipación provincial para beneficio de manera directa de Santa Fe, San Luis y Córdoba (a las que se agregó el pago de la deuda contraída desde 2006 a la fecha), y la suspensión inmediata de los descuentos. Considerando solamente la no retención del 15% al conjunto de las provincias, se trataría de 125 mil millones de pesos que dejaría de percibir la Anses, lo que representa aproximadamente el 20% de sus ingresos. Este recorte no es inocuo, sino que tiene un impacto sobre el cálculo de la movilidad jubilatoria, que incluye en su fórmula la evolución de los fondos del organismo. Pero fundamentalmente, la decisión apunta a condicionar el funcionamiento de uno de los pilares de la política económica actual, tanto por las jubilaciones, pensiones y programas sociales que financia como por su rol contracíclico en la macroeconomía.

Desde La Nación se clarificó la intención de la decisión de la Corte: “si [el fallo] hubiera aparecido antes habría impedido a Cristina Kirchner financiar planes como los Procrear, ProcreAuto y Conectar Igualdad y Ahora12” (24/11). El diario Clarín directamente sugirió reformas: “el fallo podría empujar al nuevo gobierno a impulsar una reforma jubilatoria” (25/11).

En una expresión paradigmática del funcionamiento de la troika, Cambiemos optó por recostarse sobre la Corte en este tema, acordando promover la inconstitucionalidad del DNU de Cristina y sosteniendo que se trata de un fallo puntual acotado a las tres provincias demandantes (“Acá no hay me too” dijeron). Desde el Diario Clarín se despejaron dudas: consideraron que “el DNU firmado esta semana por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es equiparable a un abuso de poder y no se basa en el fallo que firmó el tribunal” (04/12). El 9/12 la Corte zanjó la discusión excluyendo a Formosa en virtud de un análisis “caso por caso” y el 10/12 la justicia de primera instancia suspendió el DNU de CFK.

El papel de los medios hegemónicos. Si en lo que refiere al fallo de la Corte desde los medios hegemónicos se avanzó aún más sugiriendo recortes o reformas previsionales, respecto al paquete de ajuste de Cambiemos se evidenció una directa desvinculación de sus impactos negativos junto con la preparación del terreno para su aplicación.

Los matutinos mencionados apuntaron a generar las condiciones de aceptación social de una devaluación antes o después del 10 de diciembre, focalizando –alternativamente- en distintas variables: 1) las “pocas” y/o ficticias reservas en el Banco Central 2) el aumento del “blue” y su asociación inmediata como indicador del desempeño económico, 3) la razonable retención de la cosecha, 4) la imposibilidad de adquirir dólares libremente por la aplicación del “cepo” cambiario, 4) la imposibilidad de operar dólar futuro, y 5) la lógica resistencia de las aseguradoras a deshacerse de los bonos en dólares. Merece además particular atención la responsabilización del aumento inflacionario pos-22N al gobierno saliente, la denuncia de “inexistencia de controles de precios”, y la deliberada la desconexión del fenómeno con los anuncios devaluatorios de Cambiemos, luego de haber batallado durante años contra el intervencionismo estatal y particularmente el programa Precios Cuidados y la nueva “Ley de Abastecimiento”.

2. Determinación del sindicalismo“ganador” y los aliados en la contención del conflicto

La pata sindical de Cambiemos. Moyano y Venegas son los socios sindicales del macrismo, que consecuentemente ayudan en la estrategia económica. Moyano se encargó de enfatizar que “la devaluación la está haciendo el gobierno que se va”, y sus presiones significaron el retroceso en el nombramiento de Lawson de Arcor en la cartera laboral y la designación de Jorge Triaca (h) –y posiblemente de Sabor en la provincia de Buenos Aires-. Por su parte, Triaca (h), pidió comprensión a los gremios y agregó “a los trabajadores, pedirles que miren las expectativas de inflación que va a generar nuestro gobierno y que se adecuen sus reclamos en ese sentido”, adelantando una baja recomposición salarial atendiendo al objetivo antiinflacionario de Cambiemos. Ello además se completa con la estrategia desde la cartera que conducirá Prat Gay: desconocer los aumentos de precios en tanto se pedirá en la “mesa tripartita” retrotraer los precios al 30 de noviembre pasado. Así entonces, legitimar la transferencia de ingresos que tuvo lugar entre el 23 y el 30 de dicho mes, ostensiblemente al calor de la victoria del candidato devaluacionista.

La Corte y el Momo. En la misma fecha, la Corte determinó dar lugar al pedido del dirigente sindical macrista Gerónimo Momo Venegas para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la ley que establecía la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) y con ello el traspaso de las funciones, personal y patrimonio del viejo Renatre al nuevo ente autárquico estatal. La Corte anuló un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, desoyó a la Procuraduría que sugirió acatar el fallo de la Cámara y dictaminó la necesidad de nuevo fallo. La decisión de la Corte impide así la implementación plena del estatuto de los peones de campo y la disolución del Renatre, el organismo que maneja $ 800 millones anuales administrado desde el gremio de peones rurales (UATRE), que nunca ayudó a combatir el empleo no registrado en el sector.

El aporte de Clarín. En este juego, Clarín promovió un pacto social entre empresarios y sindicalistas (“Preparativos para un pacto social”, válido tanto para Scioli, Macri o Massa, 07/09) no sustentado en el aumento del salario real ni en el aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional sino en concesiones al sindicalismo aliado. Dicho pacto pretende la contención del conflicto social por parte del sindicalismo y como prenda de cambio, la entrega de la administración de los fondos de las obras sociales (Superintendencia de Servicios de Salud) a Moyano y la Secretaria de Seguridad Social a Venegas.

3. El fortalecimiento del negocio financiero

El papel de la Corte y el poder judicial. El juez Bonadio otorgó particular atención a la denuncia de Pinedo, Negri y Prat Gay sobre la venta de dólares a futuro y en ese marco allanó el BCRA con el objetivo de presionar para su renuncia a su presidente, Alejandro Vanoli. El hecho se produjo sólo una semana antes de la elección, cuando la documentación solicitada ya había sido entregada. El mismo día, el todavía candidato presidencial Mauricio Macri, indicó “Alejandro Vanoli tendría que tener la dignidad de renunciar. No cuidó el valor de la moneda y las reservas”.

El papel de Clarín. Casi preanunciando esta denuncia, Clarín decía el 3/11/15: “La gran contienda tendrá lugar dentro del Banco Central (…) Será una batalla crucial, pues en cualquier política económica tomar rápidamente el control del BCRA es clave”. El diario ha oficiado de apoyo inestimable a la justificación de la causa contra Vanoli a través de la deliberadamente errónea afirmación de “despilfarro de dólares” por la operatoria de mercados a futuro. La denuncia además desconoce dos ejes básicos: se trata de una operatoria habitual y es en pesos. No obstante, el objetivo de fondo consistió en el desprestigio de Vanoli y su eventual renuncia, concretada el 9 de diciembre.

El accionar de Cambiemos. La disputa por la presidencia y el rol de BCRA se ha mantenido a lo largo de la campaña. Como primera arista de la cuestión, se encuentra la posibilidad concreta de realizar la devaluación tal como está prevista por Cambiemos, sólo factible teniendo control de la entidad. Pero tiene una segunda razón: acabar con el proceso de regulación a los bancos, iniciado en 2012 a partir de la reforma de la Carta Orgánica. La finalidad es abocar al Banco Central sólo a tareas monetarias, estableciendo metas antiinflacionarias y habilitando la desregulación de tasas de interés que alimentaron el negocio financiero bancario entre 1976 y 2001. La desregulación se traduciría en el aumento de los márgenes de ganancia ya elevados que ha obtenido el sector bancario durante el kirchnerismo (en agosto 2015, los bancos ganaron 2.659 millones de pesos, un 15,2% por encima del mes de agosto del año anterior, mientras que entre en los últimos doce meses ganaron 27.009 millones de pesos). La desregulación es sinónimo además de la posibilidad de canalizar el ahorro en el negocio financiero, sin compromisos de préstamos al sector productivo, y la liberación de la fijación de tasas de interés (carente además de topes como el CFT -costo financiero total- que actualmente se regula).

4. El fortalecimiento del negocio privado concentrado: CEOs, beneficios fiscales y la lógica de la ganancia.

El papel de la Corte y el poder judicial. El mencionado fallo de la Corte sobre el Renatea no sólo recompone el lugar del Momo Venegas en el esquema sindical, sino que favorece económicamente al empresariado rural, dado que la no implementación de la ley de peones rurales permite evitar la aplicación de las multas y los agravamientos indemnizatorios que tienen el resto de los trabajadores de la actividad privada en un sector cuya informalidad laboral se encuentra en el orden del 60%, duplicando el promedio de la economía. Como botón de muestra de la alianza sindical-patronal, el Renatre conducido por Venegas no hizo gestiones para cobrar las deudas en conceptos de contribuciones patronales, que en 2011 ascendían a 49 millones de pesos.

Por otro lado, a contramano de las decisiones de primera y segunda instancia y de lo indicado por la Procuraduría, la Corte estableció que YPF debía dar a conocer las cláusulas del acuerdo firmado con Chevron para la explotación de Vaca Muerta. Los habituales gurúes defensores de la privacidad empresaria (que han rechazado los pedidos de información sobre costos previstos en el Observatorio de Precios) esta vez no aparecieron para cuestionar la inseguridad jurídica del fallo. Esto se debió a que, en este caso, el fallo ayudaba a poner en tela de juicio la política energética impulsada por CFK: hidrocarburos como bien público.

Clarín y el poder económico concentrado. La línea editorial de los últimos tres meses, ha supuesto: i) la instalación del Coloquio de IDEA y el Foro de Convergencia Empresaria como voces excluyentes del empresariado argentino; ii) el ocultamiento de la responsabilidad empresarial en la evolución económica (inflación, corridas cambiarias, retención de cosecha, desabastecimiento, incumplimiento de normas determinadas por el ejecutivo); iii) como contracara de lo anterior, la responsabilización al Poder Ejecutivo por el devenir económico; iv) la llana defensa de la impunidad de los grandes grupos económicos, cuestionando la conformación de la Comisión que investigue el rol empresario durante la dictadura: “Más preocupación empresaria por la nueva embestida oficial” (02/10, Clarín); v) la participación directa en la generación de expectativas y construcción de consignas: “fin de ciclo”, ausencia de “clima de negocios” y de “seguridad jurídica”, la “mordaza” empresarial o el “dialogo roto” entre el gobierno y los empresarios.

Quien no ocupa cargo pero constituye un aliado de Macri y principal contratista en la ciudad de Buenos Aires es el empresario de la construcción Dante Caputo.

El aporte de Cambiemos. Un gobierno de Mauricio Macri no sólo supondría shocks (como la megadevaluación) en favor de los grandes grupos económicos, sino que los propios anuncios del candidato adelantan una conformación del Gabinete con presencia del sector privado y particularmente de grandes empresas. No es la primera vez que ocurre en la historia argentina. El caso más paradigmático fue la última dictadura cívico militar, donde participaron: Martínez de Hoz como Ministro de Economía, P. Terán Nougues, C. Eytcheverrigaray, F Soldati y A. de Achaval, vicepresidentes y directores del Banco Central y Banco Nación respectivamente, E. Oxenford como director de YPF, J. Gamboa como vicepresidente del Banade, F. PucaProta como Secretario de Minería, D. Brunella como Secretario de Energía y G. Klein como Secretario de Programación Económica entre otros.

El pasado 16 de octubre en el Coloquio de IDEA Macri lo expresó en palabras: “mi gabinete va a acordar la política con ustedes”. En coherencia con ello, en el Gobierno de Macri, los cargos destinados a los empresarios son aún más significativos y de mayor cantidad que los delegados durante el último gobierno militar.

De todas formas, este gabinete es el preámbulo de la aplicación de políticas a favor del empresariado concentrado. Un ejemplo de ello fue la propuesta de Frigerio, Ministro del Interior de Macri, en torno a la reducción de impuestos y contribuciones para “estimular” la contratación de nuevo empleo joven. Como hemos comprobado en la década de los noventa, la reducción de contribuciones no genera empleo por sí misma (las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% -promedio-en el 2000 y uno de los picos de la tasa de desocupación fue 1994: 19,4% de desocupados); tampoco activa la economía (entre 1993 y 2001 el PBI creció en promedio al 1,4%, mientras que el crecimiento entre 2003-2007 fue de 8,8%y de 4,7% entre 2008 y 2013).Pero además, la reducción de aportes genera la desfinanciación del Estado y favorece la concentración: entre 1994 y 2000, la reducción de los aportes patronales significó 16.057 millones de pesos, que se sumaron a las restantes reducciones -como los aportes al sistema de obras sociales- por 29.960 millones de pesos.

En síntesis, vía aplicación de ajuste económico, habilitación del negocio financiero, acuerdos con el sindicalismo patronal, y la entrega de la llave de la Rosada a gerentes del sector privado, a todas luces los directos beneficiarios del gobierno de Macri son los grupos económicos concentrados. No es la alianza con el radicalismo, sino la troika con participación de medios hegemónicos y el poder judicial, el verdadero armado político que posibilita la restauración conservadora.

Hernán Letcher hernanletcher@hotmail.com

Julia Strada juliastrada@gmail.com

Centro de Economía Política Argentina (CEPA)