A partir de la publicación del decreto de Mauricio Macri sobre extinción de dominio, prevista para este martes, la Justicia Civil podrá agilizar la extinción de la propiedad de los bienes de personas investigadas por narcotráfico, corrupción, crimen organizado, terrorismo, trata de personas y otros delitos graves.

Como se espera por los antecedentes del proyecto de ley que el macrismo presentara en Diputados, el proceso civil se iniciará una vez dictada en sede penal una medida cautelar sobre los bienes. Sin necesidad de que exista sentencia firme para tal cosa; es decir, no hará falta que haya condena.

En sus fundamentos, el nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) señala que "el derecho de propiedad no es absoluto ni ilimitado" y por lo tanto "nadie tiene derecho de propiedad sobre un bien mal habido", según anticipa Infobae.

La Justicia Civil podrá entonces investigar bienes adquiridos en forma presuntamente ilegal desde el presente hasta con 20 añós de retroactividad para determinar si efectivamente fueron adquiridos con fondos provenientes de la corrupción o el crimen organizado.