"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 (de residuos peligrosos), por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe elaborado y presentado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).

Hasta el momento voceros de la empresa decidieron no hacer declaraciones. Aunque en el día de ayer la diputada nacional de Cambiemos, Karina Molina, salió a defender a la Barrick y señaló:  “Se dijeron muchas mentiras sobre sus supuestos daños”.

El estudio había sido encargado por la justicia federal y se investiga la posible responsabilidad de funcionarios públicos en la falta de controles.

El informe de la PFA, al que accedió LA NACIÓN, fue presentado a fines del año pasado, pero recién se conoció ahora. Los resultados arrojaron que  "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total"; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley.

Además, se identificó "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria. El fiscal de la causa, Ramiro González, acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto  y dictamine si estas concentraciones "pueden resultar dañosas para la salud". También citó a declarar al jefe de Delitos Ambientales de la PFA.