En el pedido de elevación a juicio, al que accedió Télam, el organismo encabezado por Laura Alonso pidió también que sean sometidos a un proceso oral y público el detenido ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, y el también detenido empresario Lázaro Báez. 

"Las conductas por las que Cristina Elisabet Fernández deberá responder, en calidad de coautora, resultan constitutivas de los delitos de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades", indicó la OA en su presentación. 

En tanto, para el ex ministro De Vido, para el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y para el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti pidió que en el debate oral respondan "como coautores de los delitos de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 51 oportunidades". 

Se trata de la causa que tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, la misma en la que, semanas atrás, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento de la ex mandataria por los presuntos delitos de "asociación ilícita" y "defraudación al Estado". 

En una presentación realizada hoy, a la que accedió Télam, el organismo encabezado por Laura Alonso, en su condición de querellante, pidió la elevación de juicio de este expediente y sostuvo que la ex mandataria "continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner", para "beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos de la Dirección Nacional de Vialidad". 

"Cristina Fernández de Kirchner mantuvo la estructura institucional que había montado Néstor Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial", argumentó la Oficina Anticorrupción en su pedido de elevación a juicio ante el juez Ercolini. 

En este sentido, planteó que "todo el entramado delictivo" pudo concretarse mediante "la planificación y ejecución de una serie de actos concatenados concebidos para beneficiar a Lázaro Báez". 

De esta forma -señaló el organismo- se habrían "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad".

Además de pedir un juicio oral y público contra la ex Presidenta, el ex ministro De Vido, López, Periotti y Báez, la OA solicitó lo mismo en relación al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; entre otros. 

Para la OA, todos ellos formaron parte de una "asociación ilícita" destinada a a"poderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015".

Además, el organismo consideró probado que la ex mandataria y actual senadora nacional electa por Unidad Ciudadana en representación de la provincia de Buenos Aires, "continuó con las acciones de su antecesor (Néstor Kirchner) de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional". 

"Todo el entramado delictivo reseñado pudo concretarse mediante la planificación y ejecución de una serie de actos concatenados concebidos para beneficiar a Lázaro Báez", argumentó la OA. 

Además, sostuvo que, "para efectivizar el plan delictivo, el ex presidente Kirchner montó una estructura institucional con distintas personas de su confianza", en tanto, al asumir la Presidencia Cristina Fernández de Kirchner, en el 2007, "mantuvo esa estructura clave de poder".