El cartel colombiano se había instalado en la Argentina en 2012, pero fue en 2015 que salió a la luz a través de una investigación que constató que los hermanos Triana Peña (los capos del cartel) sacaban cocaína del país escondida en bolsas de arroz.

Además, se había afirmado que abogados argentinos habían montado una red de empresas para comercializar este "arroz" y lavar el dinero de las ganancias. Todo parecía cerrado hasta que que la investigación judicial dio un nuevo giro.

Ahí es cuando aparece el nombre de Jorge Macri. El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Sergio Torres incorporar una serie de documentos que fueron publicados en el libro 'Radiografía de la corrupción PRO'. 

Allí se constata un acuerdo comercial entre la municipalidad de Vicente López -a cargo del primo del presidente- y una de las empresas perteneciente al cartel de droga: International Trade and Comerce SA (ITC).

El documento más claro es un comodato firmado en 2012 por el propio Jorge Macri y el colombiano, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, entonces presidente de ITC, hoy prófugo de la causa llamada como "Narco-Arroz2.

Ante la consulta de PERFIL, voceros de Jorge Macri aseguraron que los pagos “nunca se concretaron”, aunque sí la prestación de las luminarias que suministraba esta empresa narco. Como el producto no funcionó, nunca se les pagó. Pero el acuerdo existió.

“Hay un segundo documento que consiste en un préstamo, labrado el 11 de junio de 2013, de ITC a la Intendencia”, agregan los autores. A pesar que le negaran al juez Torres "ninguna orden de compra" con esta empresa, la firma en manos de colombianos forma parte del listado de proveedores de Vicente López.