El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó el pasado miércoles el primer informe del año sobre la gestión del Gobierno Nacional ante la Cámara de Diputados.

Entre las cientos de preguntas que contestó Peña llamó la atención de la opinión pública la pregunta de la diputada porteña Carla Carrizo, del bloque Evolución, que lidera Martín Lousteau. Peña informó que el Estado destina unos 130 millones de pesos a sostener a la jerarquía eclesiástica; y que un obispo recibe mensualmente del Estado la suma de 46.800 pesos.

La respuesta de la cúpula de la Iglesia católica de nuestro país no tardó en llegar que consideró- en el medio del debate por la despenalización del aborto- que se trata de una “nueva maniobra distractiva” de los problemas económicos.

“Las cifras son conocidas. Lo que me extrañó –dijo- es que los legisladores, que son los que aprueban el presupuesto, donde una parte está destinada al sostenimiento de la Iglesia Católica, hayan preguntado eso”, señaló el obispo de San Francisco, Córdoba, Sergio Buenanueva, en declaraciones al diario La Voz. 

Y señaló que "no son salarios, sino asignaciones" y que, en su caso, “de los 46.000 pesos que recibo, hay un porcentaje que va a un fondo solidario. Hace unos años me tuve que operar de los ojos y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con ese fondo, me ayudó. Lo demás, unos 42.000, son para mantener mi casa, para la comida y para mi vehículo. Lo que queda va al sostenimiento de los gastos ordinarios del obispado, que son muchos”.

Buenanueva agregó: “A veces, cuando se da esta información, se dice que el Estado sostiene a la Iglesia católica. Pero los que sostenemos a la Iglesia somos los católicos. El Estado hace un aporte, que es entre el seis y el siete por ciento del total de nuestro presupuesto”. 

Aunque reflexionó sobre la necesidad de discutir los aportes estatales que recibe la Iglesia, que actualmente siguen regidos por lo decidido en la última dictadura militar.