Hace dos años el anterior gobierno presentó en el Congreso la Ley de Pago Soberano que consiguió aprobación del parlamento. Allí se establecía el interés público de la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y 2010, y  el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina. Además se daba estructura a un mecanismo para salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a la reestructuración de la deuda en los años 2005 y 2010.

En aquella ocasión la presidenta sostuvo: “Esto es para los futuros gobiernos, no es para el mío, es para los futuros gobiernos, es para las futuras generaciones, porque si yo firmara lo que algunos pretenden, la bomba no explotaría ahora. Al contrario, seguramente habría aplausos, seguramente encontraría titulares maravillosos en los diarios y seguramente, bueno, encontraría a alguien que vendría a prestarle nuevamente a la Argentina a tasas que, bueno, vaya a saber, a lo mejor tal vez más bajas, más altas, no importa, pero entraríamos nuevamente en esa ronda infernal de endeudamiento”.

Derogar esta ley implica dar lugar a nuevos endeudamientos y  dar por tierra con el avance en materia de reestructuración que en el que se trabajó durante los últimos años.