El Gobierno impuso, a través de otro DNU, la emergencia nacional de adicciones a pedido de la Iglesia. El mismo tiene como fin la "prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática". Pero hay serias dudas sobre su efectividad.

Según se establece en la medida, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) tendrá el poder de "elaborar, poner en vigencia e implementar acciones destinadas a hacer frente a la emergencia".

Además, contempla un aumentos en el presupuesto destinado a diseñar programas de prevención y de tratamiento de la drogadicción, como por ejemplo la construcción de centros especializados.

Asimismo se presentará un diagnóstico general del consumo de drogas en el país, aunque el Gobierno y la Iglesia se basan en datos de universidades, como por ejemplo, la UCA.

Otra de las razones es evitar el "avance del narcotráfico, que se evidencia en las últimas décadas" y por lo tanto se ha "incrementado el consumo de drogas".


"Resulta menester disponer lo necesario a efectos de atender al abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática", agrega la norma.

Pero Macri, el mes pasado, ya había presentado un plan contra las adicciones, donde había llamado a atacar "tanto la oferta como la demanda" de drogas: por ende, a los consumidores.

El decreto, que lleva la firma del presidente Macri, el jefe de Gabinete y la ministra de Desarrollo Social, ya fue publicado en el Boletín Oficial y estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.