Más se investiga, más encuentra. El gobierno de Mauricio Macri armó una mesa de judicial para perseguir opositores, pero además, también presionó a los jueces que trataban de mantenerse independientes de su poder.

Así lo demostró un informe que elaboró un organismo de la Corte Suprema en la se investiga a la "mesa judicial" del gobierno de Cambiemos. El documento detalla los hostigamientos a través de medios de comunicación y redes sociales a jueces y fiscales cuyas decisiones incomodaban al gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Lo realizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (DAJuDeCO). Fue pedido por el fiscal Franco Picardi en la causa 52956/2019, caratulada "Macri, Mauricio y otros s/ Asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles".

Entre los nombres miembros de la justicia perseguidos se encuentran la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, la actual jueza de Casación Ana María Figueroa, el camarista federal Eduardo Farah y el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.

Los funcionarios macristas en la mira son Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y el ex ministro de Justicia Germán Garavano, entre muchos otros.

"El objeto del presente informe se circunscribe a la confección de estudios técnicos de búsqueda en fuentes abiertas a fin de exponer los resultados sobre ‘manifestaciones directas de carácter público … de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o Personales’", explica el documento, de 326 páginas.