El documento fue consensuado por la treintena de sindicatos que integran esa corriente subrayó hoy que "es imprescindible que la CGT decida de forma urgente un programa y un plan de acción que unifique los reclamos y luchas de todos los sectores del movimiento obrero y sin exclusiones".

"Como sucedió tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia Ocupacional, el acta-compromiso por la que los empresarios no iban a producir despidos hasta marzo próximo fue incumplida", afirmó.

El documento -firmado entre otros gremios por bancarios, gráficos bonaerenses, empleados de farmacia, televisión, molineros, docentes privados y pilotos-, indicó que es "la segunda vez que se viola un compromiso, ya que se incumplió el de mayo" último, y señaló que "más de 450.000 argentinos que perdieron su trabajo desde diciembre de 2015 sufren las consecuencias, mientras el gobierno y sus Ceos insisten en agravios y comprometen con esos incumplimientos a la CGT, lo que resulta inaceptable y, por lo mismo, es preciso detener el atropello a la clase trabajadora".

Los gremios se pronunciaron por "un trabajo serio y dinámico" y por la necesidad de deponer "mezquinos intereses partidarios o personales" para constituir "un Frente Nacional y Popular" con vistas a las próximas elecciones legislativas, con "un programa claro y definido y compromisos y disposiciones planificadas".

"No se aceptará que el movimiento sindical sea excluido a la hora de las grandes decisiones nacionales, porque siempre que ello ocurrió el pueblo fue derrotado. No hay opción alguna, es decir, o cambia la política económica o quiebra la Argentina", indicaron.

También aseveraron que perdura "la recesión en el mercado interno y la inflación anual fue del 41 por ciento, con quebrantos empresarios, despidos y suspensiones públicas y privadas".

"Con despidos no pudo ni puede haber diálogo real. La Mesa de Diálogo fue una pantomima disfrazada con insuficientes paliativos y destinada a ganar tiempo para proseguir un ajuste salvaje, que exigen los grandes grupos económicos y financieros y que recae sobre trabajadores formales y de la economía popular", afirmaron.

También expresaron que así lo indican "las presiones para imponer topes a las actualizaciones salariales y la negociación a la baja de los convenios colectivos; los anuncios de flexibilización de la ley; de precarización laboral (pasantías) y de rebaja de las contribuciones patronales a la seguridad social; los nuevos aumentos de combustibles, luz, gas, agua, teléfono, ABL, patentes y transporte y la eliminación de la devolución del IVA por compras con tarjeta de débito, mientras se mantiene la reducción o eliminación de retenciones a exportaciones agrarias o mineras".

La Corriente Federal reivindicó su programa y exigió promover un acuerdo multisectorial para determinar medidas que reactiven el mercado interno y definan un 'Plan de Desarrollo'; perfeccionar la emergencia social declarando la ocupacional y prohibiendo los despidos por un año; proteger el trabajo nacional suspendiendo las importaciones de productos que puedan producirse en el país; remover las imperfecciones en la formación de precios; rechazar reformas a la baja de la legislación laboral y que el Congreso intervenga el Banco Central (Bcra) y suspenda la desregulación de la actividad financiera que aplican sus actuales autoridades.

(Télam)