La Cámara Nacional Electoral (CNE) repudió el ataque con un explosivo en las oficinas de Indra, la empresa encargada del procesamiento de datos de las elecciones primarias, y reclamó al Gobierno que "se extremen los recaudos de seguridad previstos a fin de transmitir tranquilidad a la población"de cara a los comicios del domingo.

Fue a través de una carta que envió el presidente del máximo tribunal electoral, Santiago Corcuera, al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tras "haber tomado conocimiento de los hechos delictivos acaecidos en la sede de una empresa prestadora de servicios para las elecciones a celebrarse el domingo", indicó.

"Este tribunal repudia éste y cualquier otro acto de violencia o intimidación de todo tipo y expresa su profunda preocupación, más aun si dichos hechos pretendieron buscar relación con la celebración de los comicios, que son expresión de soberanía de la ciudadanía de la Nación Argentina", señaló la nota.

Y agregó: "Teniendo ello en cuenta, este tribunal solicita que se extremen los recaudos de seguridad previstos a fin de transmitir tranquilidad a la población para asegurar el mas pacifico ejercicio de sus derechos políticos".

n junio pasado, la Cámara Electoral ya había lanzado una durísima crítica al Gobierno por la decisión de estregar el escrutinio provisorio a la empresa española Indra, a pesar de que le había propuesto un plan para estatizarlo a través de la intervención de la justicia electoral.

Tras el anuncio oficial de que Indra volvería a encargarse de la confección de los primeros resultados que se conocerán al cierre de la jornada de votación -tal como ocurre desde 1997-, la Cámara había advertido que no había obtenido "respuesta alguna" por parte del Gobierno a su propuesta para "implementar una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral", que incluían un escrutinio provisorio "alejado de la órbita del Poder Ejecutivo".

Los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía habían hecho saber a la ciudadanía que "pese a reiterados requerimientos", el escrutinio provisorio "continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos".

Una solución semejante incluía el proyecto de ley de reforma electoral que impulsó el Poder Ejecutivo en 2016 y que aún no fue aprobado por el Congreso Nacional por la negativa de los senadores del justicialismo, avalados por sus gobernadores, que rechazaban la implementación de la boleta electrónica, entre otros puntos.