La solicitada publicada este lunes en algunos matutinos sale al cruce de “las versiones que circularon en los últimos días y que cuestionan decisiones tomadas por la Procuración General de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales”.

Como se sabe, las designaciones realizadas por Gils Carbó el 30 de diciembre de 2014 en el marco del nuevo Código Procesal Penal, permanecen suspendidas a raíz de una medida cautelar que el juez Enrique Lavié Pico impuso a partir de una presentación del diputado massista Mauricio D’Alessandro.

Por eso, los firmantes de la solicitada apuntan a “grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros”, teniendo en cuenta "la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales".

Para los fiscales, esos grupos representan "una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio, en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una modera forma de persecución penal”.

En cuando a la designación de fiscales subrogantes, los funcionarios judiciales indican que esa disposición “cumple -como siempre ha sido desde el retorno de la democracia- la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”, advirtiendo que “sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales”.

Además aseguran que “el intento por descalificar a magistrados y magistradas que concursaron sus cargos y fueron nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación siguiendo todos los mecanismos constitucionales, así como a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las estructuras de apoyo a las investigaciones, revela, una vez más, la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad en el marco de un estado constitucional de derecho”, concluyen.

Entre otros, firman la solicitada que se reproduce a continuación los fiscales Daniel Adler, Dante Vega, Jorge Auat, Pablo Parenti, Abel Córdoba, Cristina Caamaño, Guillermina García Jardín y Adrián García Lois.