La seguridad del depósito de Iron Mountain, cuyo incendio del 5 de febrero de 2014 provocó la muerte de diez personas que lo combatían, había sido cuestionada en 15 ocasiones diferentes por diversos organismos de la Ciudad; sin embargo, el gobierno de Macri nunca procedió a clausurarlo.

Un informe realizado por el legislador porteño del Frente para la Victoria (FPV) Gabriel Fuks, revela que hubo 15 controles que fueron desoídos por la comuna durante los últimos ocho años. La información fue aportado por la propia administración PRO ante los pedidos de informes que presentaron un total de nueve legisladores.

El gobierno porteño respondió a ellos con una sola respuesta en el que se enumeran las evaluaciones negativas que formularon diversos organismos porteños: la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyCo) de la Agencia Gubernamental de Control Comunal, controlada por el jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta, y la Dirección General de Control de Obras y Catastro (DGROC), bajo la órbita del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain.

Además cuestionaron la seguridad del depósito ubicado en Barracas la Dirección de Defensa Civil, dependiente del sector de Emergencias, que reporta al titular de la cartera de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, cuyo poder también controla otro sector clave: la Dirección General de Administración de Infracciones, que interpretó, en todos los casos, que no había que aplicar las multas que pidieron los otros sectores, según publica este lunes el diario Tiempo Argentino.

Además se pronunciaron negativamente la Agencia de Protección Ambiental (APRA), bajo el control del ministro de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzón, y la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT), controlada por Francisco Cabrera, a cargo del área de Desarrollo Económico, el Ministerio que ocupa desde 2007, luego de pasar varios años como gerente de la AFJP Máxima y funcionario del banco HSBC.

Como se sabe, ese banco es uno de los mayores damnificados por el incendio que consumió documentación clave perteneciente a 600 empresas, financieras y entidades financieras. Como se sabe, un fuego definido como "intencional" por los peritos encargados de encontrar los orígenes del siniestro.