El magistrado tomó esa decisión luego de aceptar la competencia conferida por una jueza federal de la Ciudad de Buenos Aires, según informaron fuentes judiciales.

“Existe una total coincidencia objetiva entre los hechos a ser investigados en ambas causas penales, vinculados directa o indirectamente con el ´direccionamiento´ de las declaraciones judiciales de Jorge Leonardo Fariña con posible participación de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”, sostuvo el magistrado al aceptar la competencia que le atribuyó su colega de Comororo Py Maria Eugenia Capuchetti.

En los tribunales federales de Retiro había sido radicada una denuncia contra Fariña luego de que un programa televisivo presentara un informe en el que se afirmaba que había sido coucheado por el gobierno de Cambiemos para declarar en la causa por lavado de dinero contra Báez.

Este hecho también había sido denunciado en el juzgado federal de Dolores a cargo de Ramos Padilla, en el marco del caso por el que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio.

En este juzgado se investiga una supuesta asociación ilícita que habría realizado maniobras de espionaje ilegal, extorsión y direccionamiento de causas judiciales con el objeto de perjudicar a dirigentes políticos, sociales y empresarios, entre otros.

En la denuncia que ahora quedó en manos de Ramos Padilla se refirió “que en el programa periodístico ADN que se trasmite por la señal de televisión C5N, se difundió un informe que describiría cómo Leonardo Fariña, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Macri, Germán Garavano, y el periodista Luis Majul, habrían formado parte de un plan ‘sistemático’ creado para ‘armar’ la causa judicial conocida como ‘La ruta del dinero K’, según consta en la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Los hechos fueron relatados en el programa de televisión mencionado por la abogada Giselle Robles, defensora de Fariña, quien en una parte de la entrevista mencionó que “la necesidad de la libertad de su representado, lo llevó a acordar con distintos organismos del Estado para poder efectivamente tener su excarcelación (…) Él tenía una cuestión donde se le pautaba su declaración, se le guionaba”.

En su declinatoria de competencia de fecha 26 de agosto de 2019, la jueza Capuchetti consideró que el objeto procesal de dicha denuncia resultaba ser el mismo que, en parte, el que se investiga en la causa radicada en Dolores.

Por lo tanto, correspondía “acumular ambos expedientes en cabeza de un único juzgado con el objeto de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, conforme a las pautas legales que rigen la materia, en tanto se advierte su identidad subjetiva y objetiva”.