Caamaño firmó una resolución en la que estableció que "los medios técnicos y humanos” de la AFI “se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional, legalmente establecidos por la ley” de inteligencia.

La resolución de cinco páginas y cinco artículos, a la que accedió Télam, incluye una crítica un crítica al decreto 656 de mayo del 2016 con el que el gobierno pasado permitió que los servicios de inteligencia volvieran a manejarse con fondos reservados.

“El mismo implicó un notorio retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”, sostuvo Caamaño en la resolución que, según fuentes vinculadas a la AFI, se publicaría mañana en el Boletín Oficial.

En la misma resolución, la interventora de la AFI dispuso “la reducción al mínimo de casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta AFI y, en consecuencia, su participación como auxiliar de justicia ciñéndose exclusivamente a las materias propias de este organismo establecidas legalmente”.

La resolución tiene además un artículo en el que se establece la necesidad de comunicar su contenido “a los jueces y fiscales con competencia penal en todas las jurisdicciones del país” a los efectos de que “apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI en actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción”.