Grave: La Justicia usa un decreto de la Dictadura contra el dirigente social Juan Grabois
Con insólitos argumentos, un tribunal federal se amparó en un decreto-ley de la denominada Revolución Libertadora para sancionar a Juan Grabois en el marco de que prestara testimonio en la causa por la toma de una comisaría.
El calor de diciembre parece acrecentar el clima de época. La persecución política no cesa y la Justicia hace gala de ello en cada oportunidad.
Ahora, el Tribunal Oral Federal 6 sancionó al líder de la CTEP, Juan Grabois, con una multa equivalente al porcentaje del sueldo de un juez. ¿La razón? Haber hecho un alegato crítico del Poder Judicial, en el marco de una causa polémica.
Se trata de la causa por la toma de la comisaría 24 de La Boca, en 2004, en lo que fue el asesinato del "Oso" Cisneros. Es la misma causa por la que acusaron también a Luis D'Elía. Grabois fue el abogado defensor de "Lito" Borello, uno de los imputados en el juicio por el que también acusaron al hoy detenido Luis D'Elía.
El decreto que utilizan para inculpar a Grabois lo firmó el gobierno de facto denominado Revolución Libertadora, que derrocó a Juan Domingo Perón, según informó La Izquierda Diario.
Durante el alegato, Grabois calificó al juicio como “una pantomima de debate”, afirmó que existía “una bancarrota moral de una Justicia servil al poder de turno”, “que se hable de usted, que se tome mate, que se pare cuando entran tres señores que parecieran pertenecer a una casta privilegiada que encima no paga impuestos”, “por tener entre sus filas a magistrados que han convalidado el terrorismo de Estado o, como pasa acá, convalidado apropiaciones de niños durante la dictadura militar”, “es raro que todas estas condenas del mismo sector político vengan todas juntitas, es raro…”, fueron algunas de las expresiones.
"Los tribunales colegiados y jueces podrán sancionar con prevención, apercibimiento, multa y arresto de hasta cinco (5) días, a los abogados, procuradores, litigantes y otras personas que obstruyeren el curso de la justicia o que cometieren faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad o decoro. La multa será determinada en un porcentaje de la remuneración que por todo concepto perciba efectivamente el juez de primera instancia, hasta un máximo del 33 % de la misma", dice la norma dictatorial.
La dirigente Myriam Bregman y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)hicieron sendas presentaciones en defensa de Grabois contra lo que consideran "un feroz ataque a los abogados defensores de causas eminentemente políticas".