Suben los impuestos, los precios, y los salarios están cada vez más estancados. Las clases bajas y medias se ajustan otra vez el cinturón que ya no tiene más orificios. Sin embargo con un Estado desfinanciado, o como a Cambiemos le gusta decir "gastamos más de lo que tenemos", el macrismo aún se da algunos lujos y les permite a sus empresarios preferidos no pagar las deudas con el Estado.

Por decreto, Macri le ordenó al Ministerio de Agroindustria que resuelva la situación de la empresa Molinos. Le ordenó al Ministerio de Agroindustria que revocara una resolución del gobierno anterior, por el cual la alimenticia que controla la familia Perez Companc arrastraba un conflicto de u$s 70 millones.

Según publico la revista Apertura, esta empresa está desde hace más de una década, en batalla con la Aduana por el pago de gravámenes por ventas al exterior, cuya alícuota había sido aumentada por el Estado a fines de 2007. Esto derivó en reclamos de la compañía, que, en 2015, tuvieron una respuesta negativa por parte del ministerio que, entonces, conducía Carlos Casamiquela.

"Resuélvase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Molinos Río de la Plata contra la resolución exONCCA 1898, del 21 de julio de 2008", se lee en el texto. Hace dos meses, el Presidente encabezó el acto de inauguración de la ampliación de $ 700 millones que Molinos hizo en una de sus fábricas de pastas.

En enero de 2008, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió que el aumento la alícuota para las exportaciones de productos agrícola establecido en noviembre de 2007 sería retroactivo para las ventas registradas que se encontraran pendientes de embarque.

Para no tener que pagar, los exportadores debían acreditar la tenencia de los bienes a ser exportados, que se habían registrado en las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE). Molinos asegura haber recibido cargos por DJVE sobre los cuales puede acreditar la mercadería de diciembre de 2008 a septiembre de 2017, según consignó en su último balance anual (2017).

En el sitio oficial del Ministerio, la primera exportación de la empresa que, según la institución, no cumplía con estos requisitos figura con fecha de presentación a septiembre de 2007 y corresponde a la venta de aceite de girasol en bruto a granel. El monto reclamado por el fisco, según reconoce Molinos en sus estados contables, asciende a u$s 70,7 millones. Está asentado como pendiente de pago hasta que se resuelva la situacióin del recurso jerárquico presentado por la firma ante el Tribunal Fiscal de la Nación.