La nota que lleva la firma del colega Gabriel Morini en Ámbito Financiero explica la ampliación de indagatoria de Fabián De Sousa, uno de los accionistas del Grupo Indalo, luego del giro en la causa Oil. De qué se trata el capítulo Rosner, el desembarco de funcionarios macristas en el holding y más testigos.

La nota completa:

La trama de estrangulamiento económico y financiero a raíz de las presiones del Poder Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri que rodearon el traspaso del Grupo Indalo a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, se terminó incorporando al juicio oral por Oil Combustibles.

El pie para su ingreso formal en el debate lo dio el propio Ministerio Público Fiscal que interrogó a un testigo -veedor designado por Julián Ercolini- sobre la etapa en la que detectó una serie de desmanejos a partir del desembarco en la petrolera el misterioso fondo OP Investments, que llegó presumiendo contactos con el macrismo y con la llave para resolver todas las desventuras por las que atravesaba el holding.

Alejados del objeto procesal inicial del debate que es la supuesta defraudación al Estado por los planes de pago otorgados por la AFIP, la última audiencia giró por completo su objetivo hacia los hechos que ocurrieron a fines de 2017 y cómo pasaron a controlar las empresas que comandaban Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Luego de un roce inicial con las defensas, el Tribunal Oral Federal N°3 decidió habilitar ese tramo de preguntas, lo que motivó que De Sousa solicitara allí mismo ampliar su indagatoria y contar detalles sobre las negociaciones previas, los exfuncionarios involucrados en las conversaciones y ante qué “mensajes” habían tomado la decisión de ceder el grupo por $100 pesos. Hubo preguntas de los jueces y del fiscal Juan García Elorrio. Desde hace varias audiencias, el rol de la AFIP, la injerencia del Ejecutivo y el contexto en el que se encontraba la petrolera por decisiones ajenas pasaron a hilvanar el contenido del juicio. Cuando un tema se incorpora a un debate con aval de los jueces y los fiscales pasa a tener peso en la valoración posterior y adquiere relevancia como prueba, en este caso de descargo, pero que puede nutrir expedientes que no hayan llegado a la instancia de juicio, como el que investiga María Servini, casi como en espejo invertido al de Oil.

Gerardo Beltramo era el tercero de los veedores designados por Ercolini que fue citado para analizar los movimientos de Oil y su desempeño. Afirmó que la tarea encomendada por el juez era como “mirar por el ojo de la cerradura” porque lo que los especialistas necesitaban era tomar control de todas las empresas del grupo. Ercolini jamás respondió sus pedidos. También aseguró que el monto de la deuda por impuesto ITC a la AFIP equivalía a la mitad de la facturación de un año, lo que arrojaba un monto elevado pero en absoluto dramático para las cifras que manejaba la petrolera, sobre todo si tenía un “plazo” para pagar. Beltramo se presentó como “experto en gestión de empresas”, con amplia trayectoria y además profesor. Lo pidieron la querella de AFIP y la fiscalía. “Lo que tenemos que ver son los flujos de fondos. Acá lo que vemos son fotos, aseguró al derribar -algo que ya habían hecho los dos veedores anteriores- la supuesta correlación entre deuda tributaria y prestamos entre las compañías del grupo, algo que viene siendo uno de los puntales de la acusación desde un comienzo. Para el testigo no solo no era ilegal, sino que era absolutamente normal, incluso, que las firmas se apalancaran en diferir los pagos al fisco si atravesaban dificultades.

“¿Analizaron la recuperabilidad de los créditos?”, preguntó García Elorrio. “No. Eran $4.725 millones (la deuda de ITC). Esta compañía facturaba $10 mil millones. Facturaba 700 millones de dólares por año, unos 50 millones de dólares por mes. Estamos hablando de menos de un año de ventas. Si le cambia el perfil al pasivo y ve los activos que tiene...”, fue la enfática respuesta de Beltramo. Quedo flotando en el aire una idea central: Nadie hasta ahora había afirmado en el juicio que toda la deuda de la que se hablaba equivalía casi a medio año de ventas, lo que da cuenta que la petrolera no estaba ni cerca de tener una situación de colapso como el que finalmente ocurrió, a pesar de tener activos para hacer frente. Como los otros veedores, Beltramo aseguró que otras empresas de Indalo podían haber aportado a cancelar la deuda si hubiesen tenido oportunidad de analizarlas.

“Para las empresas el crédito más barato es el de los impuestos. Dejan de pagar los impuestos porque es más lento el cobro compulsivo. Hay moratorias. Es moneda corriente que cuando están en estrés financiero, es un crédito automático”, explicó sobre algunos términos que habían sido volcados en el informe. Ante la insistencia con los préstamos a otras compañías, el testigo las relativizó: “Le cargas intereses pero realmente desde el punto de vista del impacto lo que dejo de ganar en un lado lo ganó en el otro. No eran terceros ajenos al grupo económico”. Pero cuando los fiscales se adentraron en otros informes, el especialista respondió que correspondía a la etapa en la que tomaron control Rosner- Dellatorre. “Me pareció muy poco serio”, lo cuestionó el veedor los planes con los que ambos habían tomado control de Indalo. “Cuando entro esta gente dejaron de pagar impuestos. Ellos mismos hicieron de financistas lo primero que hicimos se lo advertimos al juez y ahí advertimos que cambio el escenario. Esta gente venía más a sacar que a poner”, dijo. Afirmó que ambos hicieron una serie de desmanejos que llamaron su atención. El fiscal Diego Velasco apuntó a establecer cierta continuidad entre Rosner y López y De Sousa, a través de preguntas sobre “cómo habían sido presentadas” esas personas, lo que generó un choque con la defensa y dejaron trabado momentáneamente el interrogatorio. El TOF 3 decidió habilitarlas, lo que motivó que De Sousa pidiera la palabra para ampliar su indagatoria. La irrupción de una ampliación de indagatoria sacudió un poco el clima del juicio: De Sousa relató las pérdidas de mercado que Oil iba teniendo a medida que avanzaba la AFIP con cautelares y cambios normativos inéditos, YPF rompiendo contratos y otras áreas del Estado que eran clientas difiriendo pagos para hacer inviable la operatoria normal. “Nos destrozaron la caja”, sintetizó. “Nos mandaron a una persona (Martín) Rappalini”, afirmó sobre la venta de la concesionaria de autopistas de la que iban a quedarse con un 30% a cambio de que inyectaran fondos. “Tan ilegal fue la extorsión que cuando llegamos a un entendimiento viciado, el mismo día, el director de Vialidad (Javier Iguacel) terminó pidiendo la autorización (para la operación”, aseguró.

“Apareció una persona que se llamaba Orlando Terranova con Casiri y Molinaro que nos hicieron celebrar un convenio para crear un fideicomiso”, sostuvo sobre una delicada ingeniería que implicaba que vendieran las empresas por u$s 500 millones y que ellos se quedarían con el 80% dejándole el 20% a López y De Sousa. “Al día siguiente, por instrucción de Mario Quintana indicaron que dejaran que avance el proceso porque preferían que estas empresas quebraran y así iban a tener a López como responsable de un proceso de defraudación al Estado”, lanzó.

“Recomendados por una persona allegada funcionarios aparece Rosner”, dijo De Sousa que habría contado con el aval de Macri y del grupo de medios, con el objetivo de tomar el control, resolver el distrés financiero por lo que son forzados a firmar con un documento antedatado el 22 de octubre, el mismo día de las elecciones legislativas en las que se impuso Cambiemos. Dijo que la amenaza es que tenían plazo hasta las 6 de la tarde, momento del cierre de comicios.

“A los 30 días detectamos que no tenían la capacidad (para hacer lo que habían prometido) e iniciamos las acciones para convocar a la asamblea y volver a cambiar el directorio porque eran un Caballo de Troya”, aseguró. “Tienen que preguntar en Balcarce 50, donde hay mucha información y todos los elementos de quienes son Rosner y Dellatorre que llegaron a las compañías para destruirlas”, se dirigió a los fiscales.

“Nunca he visto una sorpresa del MPF en este tema”, se fastidió el presidente del TOF 3 cuando Velasco aseguró que no tenía preguntas sobre el tema. García Elorrio buscó saber qué habían presentado a Ercolini sobre Rosner. De Sousa relató el proceso por el cual le habían presentado al juez toda la documentación y solicitaron su autorización para la operación fundada en, al menos, mantener activas empresas que empleaban a 11 mil personas. Terminaron presos en diciembre de 2017. “El 19 de febrero de 2018, Oil ya estaba destruida”, culminó.