Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y autoridades del gobierno argentino participaron ayer de una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y titulada "Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina".

El encuentro se dio por consecuencia de las cambios que ejecutó por decreto el presidente Mauricio Macri para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a poco de haber asumido el cargo. Por este motivo, distintos organismos llevaron su reclamo a la Comisión Interamericana para denunciar un "desguace".

La representación de la sociedad civil fue encabezada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, a quien acompañaron Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes), Damián Loreti (CELS), Néstor Busso (Farco), Daniel Badenes (Redcom) y Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Por el Gobierno asistieron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy; Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Eduardo Bertoni; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del Enacom, Silvana Giúdici.

"Se ha suprimido la voz, el voto y la participación de la sociedad civil", consideró Verbitsky al referirse a los cambios. Sin embargo, en nombre del Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, dijo que los decretos de Macri cierran la "etapa de discrecionalidad".

Desde el CELS exigieron que el gobierno de Macri que “repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados” por los decretos que anularon parte de la normativa y “garantice la transparencia, participación plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación”.

El CELS explica la audiencia ante la CIDH por la ley de medios

Por su parte, los representantes del Gobierno, sin responder a los cuestionamientos que se le formularon, se apoyaron en el argumento de que los decretos dictados por el Ejecutivo y refrendados esta semana por la Cámara de Diputados fueron realizados “en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al Presidente”. 

Según detalla este sábado Página 12, en una de las intervenciones más extensas, Damián Loreti advirtió sobre los “graves impactos” en materia de libertad de expresión en la Argentina que se generan a partir de las medidas recientes adoptadas por el Gobierno, que producen, entre otras consecuencias, “la afectación de la autarquía legal de los organismos encargados de la aplicación de leyes se servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones”. El abogado especializado en el tema y doctor en Comunicación hizo también apreciaciones legales respecto de la necesidad de establecer límites al proceso de concentración de la propiedad y para que se garantice “la diversidad de medios para la democracia”, observando que es altamente contrario a ello el régimen de renovación automática de las concesiones a los licenciatarios. Para Loreti, la libertad de expresión se apoya en “pluralidad de voces (medidas antimonopólicas); diversidad de las voces (medidas de inclusión social), y no discriminación (acceso en condiciones de igualdad a los procesos de asignación de frecuencias)”.

Martín Becerra sostuvo que no se solicitó la audiencia para analizar las intenciones del Gobierno respecto de la “convergencia” ni para evaluar el “desempeño de gobiernos anteriores”, sino para “examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno” que “agrava el problema de la concentración” de la propiedad de medios, y “gubernamentaliza” la “aplicación de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.

Miguel de Godoy, hablando en nombre del Gobierno, sostuvo la disposición oficial a dialogar con los ahora peticionantes y se comprometió a abrir “instancias de diálogo porque eso es lo que más nos interesa”, dado que “cuando uno dialoga con todos, la solución siempre puede ser buena”.

La audiencia en Washington sirvió para terminar de configurar el escenario del debate de la comunicación en el país, discusión que habrá de prolongarse también en los escenarios internacionales.