Fuerte oposición de la CGT cordobesa a la reforma laboral macrista
Mediante un comunicado, la regional mediterránea parece no seguir los pasos del triunvirato nacional al rechazar expresamente el proyecto que impulsa el Gobierno.
Mientras los triunviros que conducen la CGT nacional deshojan margaritas o, peor aún, dicen estar dispuestos “a colaborar en lo que sea”, la regional Córdoba de la central obrera ya expresó su rechazo a la reforma laboral proyectada por el Gobierno.
Mediante un comunicado, la central obrera cordobesa considera que en el ámbito previsional las reformas propuestas oficiales "modifican a la baja la metodología de actualización del haber de los jubilados".
Asimismo, afirma que las medidas propuestas "facilitan el fraude laboral, creando la figura del `trabajador autónomo económicamente dependiente´, excluido de la Ley del Contrato de Trabajo"
La CGT cordobesa indica en el documento que se "permiten que el trabajador `renuncie´ a derechos incorporados a su contrato individual de trabajo" y "deroga el derecho del trabajador, al que se le modificaron abusivamente sus condiciones de trabajo, de solicitar en la justicia una medida de no innovar".
También considera que la reforma "debilita la solidaridad de la empresa principal respecto a los trabajadores de sus contratistas o subcontratistas, y la exime de toda responsabilidad cuando se subcontrata servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento, gastronomía, informática, etc".
Cuestiona también que el proyecto "elimina la indemnización por no entregar las certificaciones de servicios", y que "flexibiliza el contrato de trabajo a tiempo parcial".
Añade el comunicado que, con la reforma se "autoriza a los convenios colectivos a crear el `banco de horas´, para eludir el pago de recargos en las horas extra".
También objeta que la medida impulsada por el Gobierno "reduce la forma de cálculo de la indemnización por antigüedad", y "reduce de dos años a uno, el plazo para reclamar créditos laborales".
Finalmente, la central obrera señala que el proyecto "habilita a los convenios colectivos para sustituir la indemnización por despido por una especie de Fondo de Desempleo, similar al de la construcción", y "restablece las `pasantías´ educativas, histórica fuente de fraude laboral".