Con el pedido de indagatoria para 74 exmiembros de las fuerzas armadas por violencia sexual contra las mujeres secuestradas, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca busca dar un paso más en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

En diciembre de 2013, los fiscales presentaron un escrito para que se investigara a 74 posibles represores mayormente de La Escuelita –algunos ya condenados por otros delitos de lesa humanidad, otro aún no- por violencia sexual contra 52 mujeres, cinco con acceso carnal, delitos autónomos de su accionar en los campos de concentración de la dictadura.

Sin embargo, el juez Santiago Ulpiano Martínez rechazó el pedido del Ministerio Público, por lo que los fiscales apelaron la decisión arguyendo la falta de argumentación de la resolución denegatoria ("omisión de fundamentación”, indican), lo que ahora deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

En su escueta resolución de apenas dos párrafos, el juez sostuvo que no correspondía realizar una evaluación acerca del fondo de la cuestión y que no había pruebas suficientes para llevar adelante la declaración indagatoria de los represores apuntados por el Ministerio Público Fiscal.

En declaraciones a Infojus, el fiscal Miguel Palazzani  sostuvo que “siempre se vincula la violencia sexual a la violación, pero nosotros, después de discutirlo mucho, pensamos que el cuadro se configura también con otro tipo de situaciones como la desnudez o la mirada del represor sobre el cuerpo indefenso”.

En el nuevo escrito presentado por Palazzani y su colega José Nebbia, los fiscales concluyen que “ser mujer en un centro clandestino de detención y tortura implicó ser víctima de violencia sexual”. Además advierten que las desigualdades históricas y multifacéticas entre el hombre y la mujer “se profundizan y se exacerban en contextos represivos”.

En la presentación, consideraron un error “equiparar la violencia sexual en general y la violación en particular con los actos de torturas. Este Ministerio Público Fiscal sostiene el carácter autónomo de los crímenes sexuales”.

Entre los acusados figuran Alejandro Lawless –apresado la semana pasada después de un año de estar prófugo-, el exjefe de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 182 Mario Alberto Gómez Arena, y el exagente de inteligencia –vinculado a secuestros extorsivos- Enrique José Del Pino.