El gobierno nacional a través de una seguidilla de decretos y sin pasar por el Congreso Nacional dispuso la subasta de terrenos públicos en Colegiales en etapas. Los vecinos luchan para que estos lotes se conviertan en un espacio verde. Millones de dólares en juego detrás de los negocios inmobiliarios que se planean llevar a cabo y la expropiación de terrenos de una Universidad para albergar la chatarra que se sacará del Playón Ferroviario.

El martes la Agencia de Administración de Bienes del Estado subastó un lote en Colegiales donde el precio base de la puja fueron 5,6 millones de dólares. Se trata de un terreno de 1183 metros que se encuentra en la calle Vidal y la proyección de la calle Virrey Olaguer y Feliú. El único oferente fue el fideicomiso Emfisa (integrado por desarrolladores Grupo Uno en Uno y algunos socios de Copelle).

Anteriormente se subastaron cuatro terrenos fueron comprados por la empresa Sancor Seguros por 19,2 millones de dólares. En esta subasta se entregó un terreno de 897 metros cuadrados por 6,5 millones de dólares, dos más de 1.647 metros cuadrados por 8,1 millones de dólares. El último de ellos de 897 metros cuadrados y 5,4 millones de dólares. Los lotes se encuentran en la calle Moldes entre Palpa y Aguilar.

La diputada nacional por el PO, Romina Del Plá, presentó el 2 de enero un proyecto de ley en el Congreso Nacional para declarar la nulidad de la venta de los primeros 4 terrenos. Diario Registrado habló con ella. En los fundamentos del pedido de nulidad se asegura que el gobierno se ampara en que la “Agencia de Administración de Bienes del Estado a través del decreto 2670/15 de principios de diciembre del 2015” le otorga esta potestad.

En el texto, que cuenta con las adhesiones de Daniel Filmus, Victoria Donda, y Leonardo Grosso, se sostiene que escudarse en este decreto “lo que ésta indicando es una entreguista 'política de Estado' en la enajenación-entrega de las tierras públicas” y que “por esta vía inconstitucional es que se ha 'autorizado' por medio del decreto 355/2018 el remate de las tierras del Playón de Colegiales”.

También se indica que “la puesta a remate del Playón Ferroviario de Colegiales es a todas luces ilegal. Toda vez que la Constitución Nacional en su artículo 75 plantea que debe ser el Congreso de la Nación el que resuelva cualquier enajenación de tierras y/o inmuebles de propiedad del Estado nacional”.

Y agrega que “no sólo tenemos que la normativa constitucional ha sido violada, sino que se está desoyendo el reclamo de los vecinos de dicho Playón que quieren convertir el terreno en un espacio verde, terriblemente necesario como ‘pulmón’ en una zona altamente edificada”.

Diario Registrado también se comunicó con el diputado Leonardo Grosso quién aseguró que “nosotros estamos en contra de la venta de esos terrenos para desarrollar un negocio inmobiliario. Acompañamos a la asamblea de Colegiales de vecinos y vecinas para que allí se construya un parque pero además nos emparentamos con esa lucha porque somos parte de la comunidad de la comunidad educativa de la UNSAM”.

Al respecto fue más al hueso al describir qué hará el gobierno con los desperdicios que se encuentran en el Playón subastado. “El gobierno nacional no tuvo mejor elección que trasladar la playa de maniobras de trenes chatarras desde Colegiales hasta terrenos que le pertenecían, hasta un decreto del Gobierno Nacional del año pasado, a la Universidad Nacional de San Martín. Por lo tanto vamos a hacer todo lo posible para que esos terrenos se utilicen como quieren los vecinos de Colegiales y esos terrenos de la Universidad de San Martín vuelvan a la Universidad”.