Estos son los 29 legisladores tucumanos, de un total de 49, que firmaron un proyecto que promueve el avasallamiento de los derechos de la mujer que ya están contemplados en el Código Penal desde 1921 (aborto no punible en casos de violación, salud o riesgo de vida) y ratificado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia con el Fallo FAL, donde quieren penalizar a quienes pidan la interrupción del embarazo en casos de violación. 

El proyecto había sido presentado en la anterior composición de la Legislatura, pero había perdido estado parlamentario por falta de tratamiento. En esta ocasión, sin embargo, obtuvo una adhesión inédita: es el texto con más firmas en lo que va del año y cuenta con el aval de oficialistas y opositores. Además, se sumaron las presidentas de las dos comisiones a cargo de los dictámenes: las peronistas Graciela Medina (Derechos de la Mujer) y Sara Alejandra Assán (Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad).

Organizaciones de derechos humanos y feministas, expresaron su preocupación mediante un comunicado.

Con los Derechos de las Mujeres NO

Desde la Fundación Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir y los abajo firmantes REPUDIAMOS el desconocimiento total del orden constitucional que revela la propuesta de Proyecto de Ley presentado con la firma de 29 legisladores con la finalidad de crear barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1.921 por el ordenamiento penal. Esta iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial, del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo.

La interrupción de un embarazo producto de una relación sexual forzada no puede prohibirse provincialmente, como así tampoco pueden agregarse requisitos médico burocráticos para el acceso a esas prestaciones sanitarias, en tanto la Corte Suprema de Justicia en fallo “F.A.L” ya ha condenado este tipo de exigencias calificándolas en el año 2012 como “violencia institucional”. Asimismo, la violación del secreto profesional que alienta en el art. 21 del proyecto compone un delito que se contrapone con el orden legal de la confidencialidad propia de toda relación sanitaria.

Nuestra Provincia tiene la triste notoriedad de ser la única de Argentina que no ha adherido a la ley 25.673 que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población y a ello se suma la nula implementación de la ESI en la Escuela Pública. En consecuencia, difícilmente la decisión de la Honorable Legislatura de la provincia pueda inscribirse en la defensa de la vida si es que desconoce la autonomía reproductiva, la libertad y el derecho a la salud de las mujeres.

Si bien este tipo de Proyectos de Ley carecen de valor jurídico, denunciamos que forman parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva -propia de sectores fundamentalistas- que se oponen a la secularización de los planes de vida auto-gobernados y a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas. Y contribuyen al mismo tiempo a que los efectores de la salud denieguen ilegalmente abortos que son legales.

Quienes verdaderamente defendemos la vida de las mujeres estamos convencidas de que la hipocresía institucional que cristaliza este tipo de proyectos devenidos de alianzas clericales-seculares celebradas por fuera de cualquier orden constitucional, configuran un de atentado contra orden democrático y constitucional.

No somos úteros vacíos u ocupados al servicio de la reproducción indefinida de la sociedad. La vida de las mujeres no puede sacrificarse en el altar inmoral de quienes utilizan sus lugares de poder para hacer maniobras espurias con la ley.

Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, CELS, ELA, Redaas, CEDES y Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la UNT.

En  Tucumán, no es la primera vez que sectores antiderecho avanzan sobre los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.  El 2 de agosto, habían aprobado la declaración del “jardín de la república” como “Provincia provida”. Y en junio de 2001, se sancionó la ley que establece cada 25 de marzo como “Día del Niño por Nacer”.

Finalmente, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, convocan a concentrar el próximo lunes frente a la Legislatura tucumana, para repudiar el proyecto de ley.