Estela de Carlotto cruzó a Bullirch tras anunciar un programa de derechos humanos para la Policía
En un paso más para blindar a las fuerzas de seguridad frente a la protesta social, la ministra de Seguridad lanzó una normativa para garantizar y proteger los derechos humanos de las fuerzas. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo se quejó de la agresión permanente al pueblo.
En una resolución con absurdas y ambiguas premisas, ya publicada en el Boletín Oficial, el ministerio de Seguridad que conduce Partricia Bullrich anunció un programa por el cual pretende "proteger los Derechos Humanos de la Policía", como si los trabajadores de las fuerzas no fueran ciudadanos y por obvia razones, incluidos entre quienes gozan de esos derechos.
La medida que busca claramente blindar a las fuerzas y darles aún más poder frente a la creciente protesta social producto de la crisis -se suma a la promocionada 'doctrina Chocobar' y al aumento registrado de los abusos policiales- fue inmediatamente repudiada por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
"¿Qué quiere hacer esta muchacha?, yo creo que están un poco locos realmente, están pisando un terreno muy delicado que es la agresión permanente al pueblo, a nuestro pueblo, que es el que gobiernan”, expresó en declaraciones a Futurock.
Carlotto apuntó también a la negativa del Estado a permitir una organización sindical para las fuerzas, lo que podría garantizar de verdad los derechos laborales de las fuerzas, y trabajar por la erradicación de la corrupción que día a día sale a la luz: "Que dejen que la policía cree un gremio, y que el Gobierno sanee de corrupción a las fuerzas, así se defiende los derechos humanos”, exclamó.
Si se analiza la argumentación de la Resolución 234/2019, el sustento jurídico brilla por su ausencia: "Los derechos humanos son para todos los ciudadanos y hasta hoy las fuerzas de seguridad estaban excluidas", afirma el texto desconociendo que los agentes son ciudadanos y por tanto, están incluidos, no excluidos.
La ambigüedad del concepto además queda evidenciada al momento de suponer que los individuos pueden violar los derechos humanos de los oficiales, cuando el accionar represivo del Estado es la principal fuente de violaciones a los derechos humanos.
De hecho, hace pocos días la Correpi(Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) denunció que desde la asunción de Mauricio Macri, se registró el más fuerte incremento de violencia institucional desde 1983, con un promedio de 400 asesinatos al año: “El gobierno de Macri mató una persona desarmada cada 22 horas”, afirmó la organización.