"Tal como lo denunció el propio Martín Sabbatella durante el operativo de desalojo, la ley de medios está suspendida 'de facto', ya que al clausurar absolutamente el edificio de AFSCA no se están realizando las fiscalizaciones ni las tareas que el organismo realizó con normalidad hasta el jueves 24", explicó hoy el director nacional de Imagen y Comunicación del organismo, Fernando Torrillate.

El personal policial apostado en el ingreso al edificio de Suipacha 765, CABA, no permitió el ingreso de la directora de Fiscalización y Evaluación Sabrina Frydman y el personal de su área que intentó asistir al organismo a cumplir con las tareas habituales: controlar los 365 días del año el cumplimiento de lo establecido en la ley 26.522.

"Es un hecho gravísimo e inédito en Democracia, que nunca sufrió la clausura de un organismo público con la suspensión de hecho de una ley declarada constitucional por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación", señaló Torrillate, y agregó que "no solo están suspendidos los controles de fiscalización, si una frecuencia de aviación o de organismos de seguridad es interferida, con los riesgos de vida que pueden derivar de ello, no hay quien reciba la denuncia en AFSCA porque está clausurada".

La clausura también impide que "si el presidente de la Nación o un gobernador tienen la necesidad de realizar una cadena oficial, no hay quien les comunique a los medios la obligación de trasmitirla".

"Si el gobernador de Entre Ríos necesita trasmitir a la población alguna comunicación en virtud de las gravísimas inundaciones que ya produjeron dos muertos y miles de evacuados en esa provincia, no cuenta con posibilidades de hacerlo. Si un juez tiene que comunicar la búsqueda de un menor desaparecido, AFSCA no puede trasmitirle a los medios ese aviso de interés público como lo establece la ley, porque el organismo fue clausurado por Ercolini", lamentó Torrillate.

Se desconoce hasta cuando se extenderá la clausura que pesa sobre el organismo encargado de aplicar la ley 26.522. Ayer y hoy se labraron actas en las que se dejó plasmada la imposibilidad de ingresar al edificio.

A su vez, aún se espera que la justicia se pronuncie sobre el recurso de amparo que Martín Sabbatella presentó en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 8 para que se declare la nulidad del decreto 236/15, por el que se intervinieron AFSCA y AFTIC.