A poco de que la Corte Suprema fallara a favor de beneficiar con el 2x1 a genocidas y represores condenados por delitos de lesa humanidad, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que obliga a hablar de 30.000 desaparecidos en documentos y declaraciones oficiales.

La ley fue promulgada el lunes por la gobernadora  María Eugenia Vidal y establece que se debe hablar oficialmente de 30.000 detenidos-desaparecidos en acto público oficial.

Para todo acto, la norma establece asimismo que con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se inició una "dictadura cívico militar", de modo que con esa denominación debe llamarse oficialmente.

Según trascendidos, muchos funcionarios nacional, e incluso el propio Mauricio Macri, no estarían muy felices con la iniciativa aprobada por Vidal y que se puso en vigencia el lunes último.

Como se sabe, tanto el Presidente como ministros y secretarios pusieron y ponen en duda sistemáticamente la cantidad de víctimas de la dictadura; incluso, funcionarios como el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, negó que hubiera habido un genocidio.