Es ley la reforma de Mercado de Capitales: aún se discute el freno al tarifazo
El oficialismo tras el acuerdo con el peronismo federal logró la aprobación de la modificación del la Ley para darle rienda libre al mercado de financiamiento. Luego se trata la iniciativa de la oposición para retrotraer a noviembre el precio de los servicios públicos.
El freno al tarifazo en puerta no es la mayor preocuación de esta mañana en el del oficialismo en el Congreso. La ley de financiamiento productivo, que en esencia modifica el Mercado de Capitales, logró finalmente ser aprobada. Lo que busca Cambiemos es crear un mercado financiero más atractivo para los potenciales inversionistas, en un escenario donde la lluvia de dólares no se produjo y el país atraviesa una sequía y un saqueo de divisas por fuga.
En este momento, según indicó Clarín en una nota al respecto, la capitalización del mercado argentino asciende al 18% del PBI, contra el 46% de Brasil y el 112% de Chile.
Con 158 votos a favor, 70 en contra y cuatro abstenciones, el Gobierno se anotó una reforma que considera prioritaria en su objetivo de dar señales a los mercados, en medio de una situación de fuertes turbulencias en la economía.
Pasado el primer round, en Diputados se vino el segundo, que es el tratamiento de la Ley que frena el tarifazo de este este año en los servicios públicos. Encabezados por el kirchnerismo, el massismo y el justicialismo, los bloques opositores confían en que reunirán el quórum y que se impondrán en la votación de la iniciativa, que es rechazada por Cambiemos y sus aliados.
La sesión especial en la que se debatirá este tema está prevista para después del mediodia y, en base a un acuerdo parlamentario logrado. Para asegurarse el número de votos necesarios para imponerse en la votación, los autores del proyecto de disminución del impacto de los aumentos tarifarios tuvieron que eliminar algunos de los artículos del texto original.
Para retener a los miembros de los bloques que representan a los gobiernos provinciales de Córdoba, Entre Ríos y Chaco, entre otros, los impulsores del proyecto eliminaron lo referido a la disminución del cobro de IVA en las facturas de los servicios públicos.
Ese ítem, propuesto originalmente por el massismo, generó el rechazo de los gobernadores, por tratarse el IVA de un impuesto coparticipable.
El de hoy será el tercer intento opositor por abordar el proyecto, luego de fracasar, hace tres semanas, en la posibilidad de reunir quórum (le faltó un diputado) y de no conseguir hace dos semanas la mayoría de los dos tercios para aprobar los proyectos.
En la sesión de mañana no será necesaria esa mayoría especial porque la semana pasada la oposición consiguió el dictamen de la comisión de Presupuesto, que le habilitó el tratamiento del proyecto en el recinto con mayoría simple.
El proyecto opositor sobre tarifas determina que en el caso de los usuarios residenciales las mismas se retrotraigan a diciembre de 2017, y que desde esa fecha los aumentos no puedan superar al alza de los salarios.
En relación a las pymes, establece que los incrementos no excedan el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (Indec) acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa.
Prevé también la creación de una "Comisión Bicameral de Seguimiento de Acciones del Estado, integrada por 7 Senadores y 7 Diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos.
Esa comisión "deberá recibir un informe de periodicidad trimestral de las empresas vinculadas al proceso de inversión con la información respectiva a los avances físicos y económicos de las obras relacionados con la expansión, la renovación y la calidad de los servicios, así como cualquier información referida a las inversiones realizadas en la materia sean de carácter real o financiero".
La oposición ratificó el llamado a la sesión especial el viernes pasado, horas después de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, calificara al texto como “un proyecto irresponsable que pretende modificar la política tarifaria desde el Congreso”, que “tendría un costo de 200 mil millones de pesos” y que consiste en “presiones demagógicas”.
El anuncio que realizó hoy el presidente Macri sobre la vuelta del país a pedir financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la nueva apelación de Dujovne a que el proyecto "no debe ser sancioando", tampoco lograron alterar la estrategia opositora.
Consciente de las altas posibilidades de que la oposición logre aprobar el proyecto, el presidente del interbloque de Cambiemos de Diputados, el radical Mario Negri, afirmó hoy que el presidente Macri está dispuesto a asumir un “costo político” de, eventualmente vetar la propuesta de la oposición para retrotraer los aumentos de las tarifas, en pos de “evitar la irracionalidad”.
“Yo no soy especialista, pero dicen que se afecta su imagen. El ha manifestado que tiene conciencia de eso y, si se llama costo político entre comillas evitar la irracionalidad, está dispuesto a llevarlo adelante, a cambio de “evitar la irracionalidad”, aseveró el cordobés en declaraciones periodísiticas.
En el mismo sentido, el presidente del interbloque Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, criticó las iniciativas opositoras al considerar que "hay mucho de tribuna" en esos proyectos y advirtió que en el Senado se verá si existe un "peronismo de centro, responsable y moderno", que "no se ve en Diputados".
"O se discute en serio o avanzamos para la tribuna. Hay mucho de tribuna en los proyectos que se han presentado. En el Senado, vamos a ver si hay criterio y objetividad y si realmente aparece esa oposición que en el discurso se ha planteado como un peronismo de centro, responsable y moderno. Eso se ve cuando se vota y eso no ocurre en Diputados, lo veremos en el Senado", cuestionó el formoseño.
Hace una semana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había anticipado, en declaraciones radiales, que "el dictamen de la oposición -sobre el proyecto de tarifas- es inviable en términos fiscales; una gran irresponsabilidad", y que "si sale así, terminará siendo vetado" por el Poder Ejecutivo.