El abogado constitucionalista, Diego Armesto fue claro y contundente: “la resolución es ilegal” y explicó que la ley que regula las asignaciones especiales abarca no solo a Presidentes y vicepresidentes sino también a los jueces por lo que resulta difícil que la Justicia de lugar a la misma.

Pero además el Gobierno cometió nuevamente el error infantil que ya había cometido el macrismo que era derogar esa pensión sin la notificación correspondiente por lo que difícilmente se llegue a discutir el fondo de la cuestión, que sería si le corresponde o no, sino que al haberlo hecho mal le dan elementos a la ex Presidenta para cuestionar la validez del acto administrativo.

Lo que no termina de quedar claro es si la idea del Gobierno es justamente generar una nube de humo para tapar alguna otra cosa o si simplemente son inútiles mal asesorados que no supieron que el modo invalidaba el proceso.

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