El secretario de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Tucumán, Darío Almaraz, denunció hoy que es “sometido a una campaña de hostigamiento como funcionario que va creciendo cada vez más”, luego de que ayer los abogados del Acuerdo para el Bicentenario solicitaron su detención.

“Niego cada uno de los cargos de los que se me acusa y estoy a disposición de la justicia", señaló Almaraz al recordar que él no tiene “fueros parlamentarios para salir a hablar cualquier cosa".

Con respecto a la empresa encargada de instalar cámaras de seguridad para controlar el movimiento de las urnas, el secretario de la JEP negó haber indicado a Gendarmería Nacional a quien debían contratar y aclaró que solamente solicitó un adicional para que haya cámaras, como también se hizo con el Correo Argentino y en las elecciones del 2011.

“Nos enteramos lo que sucedió a través del informe que elaboró la fuerza de seguridad en cuestión donde se daba a conocer la dificultad de levantar las imágenes que filmaron las cámaras de vigilancia pero ya están trabajando peritos que vinieron exclusivamente de Buenos Aires para determinar si se puede salvar algunas de la imágenes”, informó Almaraz.

Además sostuvo que “con los montos que maneja la entidad no podríamos contratar nada sin previamente cumplir con todos los pasos que la Ley de Administración Financiera le exige a la provincia, a partir de una suma superior a 400 pesos debemos pedir un certificado de cumplimiento fiscal”.

Almaraz aclaró que la Junta Electoral "no ha iniciado ninguna causa salvo la presentación ante la Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación delegación Noroeste Argentino pidiendo que se investigue para determinar lo que ocurrió a partir del informe que realizó Gendarmería”.