Cuando el fiscal federal Ramiro González imputó a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por la adjudicación de $535 millones a las cooperativas de trabajo La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda que tienen relación con exfuncionarios del municipio, los medios hegemónicos se hicieron un festín.

Si bien la investigación no apunta solamente a la intendenta de La Cámpora sino también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, la cobertura mediática no dejó espacio para la defensa ni para la duda, dándole un lugar preponderante para dañar su imagen.

El reclamo de Mendoza es claro: tener el mismo espacio una vez que esto se resuelva en la Justicia para que su nombre no quede manchado por una sospecha infundada.