Lejos de amedrentarse ante el rechazo general causado por los datos personales que el Gobierno quiere transferir de Anses a la Secretaría de Comunicación Pública para hacer campañas y, claro está, campaña, el Ejecutivo suscribió un nuevo convenio con el PAMI para hacer exactamente lo mismo.

Según la resolución 1005 de la obra social de los jubilados y pensionados, “ad referendum del jefe de Gabinete”, Marcos Peña, con este nuevo convenio la Secretaría que maneja Jorge Grecco busca incorporar los "datos de contacto" de la base del PAMI para "mejorar los perfiles de los usuarios a quienes les envían sus avisos en forma directa", según indica el insospechable diario Clarín.

Ese diario da cuenta de que de la base de datos del PAMI se usarán domicilio, teléfono, email, fecha de nacimiento y nivel de estudios de cada jubilado y pensionado del país, afectando información confidencial de sus cinco millones de afiliados.

Por lo pronto, la abogada Valeria Carreras presentó esta semana un recurso de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, para impedir el intercambio de información sensible entre la Anses y el Ejecutivo, al considerar que "vulnera el derecho a la intimidad".

La denuncia coincide con la formulada públicamente por la oposición. Cristina Fernández de Kirchner advirtió sobre la instauración de un "estado policial" y la varios legisladores denunciaron que se trata de un grave avance contra las libertades democráticas.