Luego que el titular de la AFSCA Martín Sabbatella presentó, estemiércoles, un informe en el que detalla irregularidades entre los integrantes de los fideicomisos, en dos de las seis unidades que pretende dividirse el Grupo Clarín, para adecuarse a la Ley de Medios, las repercusiones del grupo y algunos aliados no se hicieron esperar.

Sabbatella remarcó: "Así que termina el plazo para la adecuación voluntaria y comienza la adecuación de oficio". Y desde el multimedios la respuesta no se hizo esperar al emitir un comunicado en el que hablan del "avance ilegal del Gobierno para apropiarse de los medios".

Desde el grupo liderado por Héctor Magnetto plantearon la "ilegalidad y arbitrariedad" en la adecuación cuando en realidad desde la AFSCA se remarcó que "se observa que algunos de los fiduciarios de LRP Grupo Clarín New York Trust (con participación accionaria en la Unidad 1) y de HHM Grupo Clarín New York Trust y ELN Grupo Clarín New York Trust (ambos con participación accionaria en la Unidad 2) son personas físicas vinculadas entre sí a través de sociedades, verificándose por ello vínculos entre las mismas que podrían generar prácticas de concentración indebida".

El texto completo del comunicado de Clarín ante la adecuación de oficio:

Tras la conferencia de prensa del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, en la que anunció el intento del gobierno de avanzar en una arbitraria e ilegal adecuación de oficio, el Grupo Clarín recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación aprobado, que se ajusta estrictamente a la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Los exabruptos en los que incurrió el titular de la AFSCA, además de resultar falsos, burdos e injuriosos, demuestran hasta qué punto el gobierno está dispuesto a llegar en su incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y en la aplicación selectiva y discriminatoria de la ley de medios, para perseguir a los medios críticos y apropiarse de los que aún no pudo controlar.



Todas las manifestaciones realizadas por Sabbatella son deliberadamente falsas y están desmentidas por la realidad y por el propia conducta del Estado en los últimos meses. Las dos supuestas “maniobras” mencionadas por el funcionario kirchnerista son procedimientos absolutamente legales y regulares para el efectivo cumplimiento de la ley, que se realizó con un nivel de rigurosidad y transparencia inédito para todos los grupos de medios en la Argentina.



Las unidades 1 y 2 pertenecerán a accionistas absolutamente diferentes que no tienen ni tendrán participación cruzada alguna entre ellas, lo que implica el cumplimiento irrestricto de la ley, algo que no pudieron demostrar hasta ahora ni la AFSCA en otros casos, ni otros grupos de medios.



Las menciones de Sabbatella a los abogados de fideicomisos o a otras sociedades ajenas a los medios, no tienen nada que ver con la ley de medios, son groseramente inaplicables y buscan confundir a la opinión pública. La ley de medios habla de accionistas diferentes, no de abogados ni tampoco de sociedades y negocios externos a los medios.



Burdo sería que los accionistas del Grupo Clarín hubieran pretendido burlar la ley o engañar al gobierno escondiendo sociedades que están registradas y son públicas, u otras de las que ni siquiera forman parte. Pese a que el plan es técnicamente perfecto, tras recibir una notificación el Grupo Clarín le ofreció a la AFSCA cambiar los abogados para agilizar el proceso, lo que no sólo no fue respondido sino que derivó en este nuevo exabrupto. Queda claro que el Gobierno no tiene ningún interés en aplicar la ley sino que lo que busca es seguir persiguiendo y hostigando al Grupo Clarín. De lo contrario, le hubiera permitido al Grupo Clarín ejercer su derecho de defensa, lo que contrasta con todas los prórrogas, ajustes y postergaciones que le otorgó a los restantes grupos, en violación del fallo de la Corte.



Respecto de las unidades 3 y 4, las críticas de Sabbatella resultan tanto o más llamativas y falaces, dado que las compraventas fueron hechas públicas ante la propia AFSCA, la Comisión Nacional de Valores y otros organismos, y jamás existió objeción alguna a las mismas. Más aún, dichas compraventas fueron aprobadas por el Estado Nacional en las Asambleas del Grupo Clarín, lo que demuestra a las claras que este nuevo invento obedece a una decisión política posterior del kirchnerismo de avanzar en la apropiación de los medios del Grupo.



Todas las cláusulas de dichos contratos son absolutamente transparentes, legales y legítimas, y forman parte del precio que se pudo obtener en las condiciones absolutamente adversas en las que deben venderse esas unidades. En efecto, como se expresó públicamente en la Asamblea, dichas cláusulas son usuales en operaciones realizadas bajo fuerza mayor, y apuntan a compensar al menos parcialmente el daño económico que implicó la venta forzada de dichas unidades en menos de 3 meses, en un contexto hostil para las inversiones en la Argentina.



En definitiva, tanto la división de los accionistas de las Unidades 1 y 2, como las ventas de las unidades 3, 4, 5 y 6, son las únicas operaciones realizadas hasta hoy, en el marco de la ley de medios, que cumplen a rajatabla las previsiones de dicha norma.



La persecución inédita del gobierno contra el Grupo Clarín y en general contra todas las voces disidentes, ratificada esta tarde con brutalidad por Martín Sabbatella, no cambiará la voluntad del Grupo Clarín de cumplir la ley ni su decisión de seguir haciendo el periodismo en el que cree.



Buenos Aires, 8 de octubre de 2014.

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Y tampoco faltaron aquellos que decidieron volver a la idea de "ley de medios K" aunque también podrían ponerse en el lugar de hablar de "ley de medios Clarín".