En la semana durante la que se conmemoraron los 42 años de la sangrienta dictadura cívico militar, las opiniones de la exfuncionaria y legisladora Graciela Fernández Meijide a propósito del posible otorgamiento de la detención domiciliaria a uno de los torturadores más reconocidos, como Alfredo Astiz, el Gobierno salió a poner paños fríos.

A pesar de que en reiteradas oportunidades, miembros del macrismo se opusieron a la cifra de los 30 mil desaparecidos, ahora el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, adelantó cómo reaccionaría el oficialismo si se da un reclamo por el beneficio de la prisión domiciliaria para el hombre condenado en 2017 a prisión perpetua: Avruj aseguró que se opondrá a una medida que saque a Astiz de la cárcel.
 
"Salvo que su situación de salud sea muy delicada, muy terminal, nosotros nos vamos a oponer sistemáticamente a que se le dé ese privilegio de la prisión domiciliaria, como lo hicimos con (Miguel) Etchecolatz y con (Francisco) Gómez, el apropiador de (el nieto restituido) Guillermo Pérez Roisinblit, hace dos semanas", declaró Avruj a radio Milenium.
 
El ministro desentendió al macrismo de cualquier responsabilidad de "determinar condenas ni lugares de prisión" e insistió en puntualizar que "no está en trámite una prisión domiciliaria de Astiz", agregó.
 
Después de los cánticos contra el Presidente durante la multitudinaria marcha del 24, Avruj se abrazó al relato oficial: "Es parte del discurso tomado por quienes organizan el evento. Es algo que no le hace bien a la democracia, pero yo no le doy mayor trascendencia", le quitó importancia.