En la audiencia que finalizó este mediodía, el gobierno argentino explicó nuevamente su posición contraria al pronunciamiento de la justicia neoyorquina que avala el pedido de información de activos.

El país está representado en el caso, oficialmente denominado como "Argentina versus NML Capital" o "discovery mundial", por Jonathan Blackman, el letrado del estudio de abogados Cleary & Gottlieb.

El caso sobre el "discovery mundial" conforma una parte del litigio que Argentina mantiene con el 7% de los tenedores de bonos que optaron por no ingresar a los dos canjes de deuda en 2005 y 2010.

Esta es una causa paralela a la principal disputa que el país mantiene con los holdouts, que se centra en la interpretación dada por las cortes de Nueva York a la cláusula pari passu.

Las órdenes dictaminadas por el juez Griesa y ratificadas por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de la Gran Manzana, pueden llegar a impedir que Argentina cumpla con el pago de sus compromisos a los tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

La justicia neoyorquina dictaminó que Argentina le debe pagar alrededor de 1.300 millones de dólares a los fondos buitres.

Este escenario podría dejar al país frente a un default técnico, ya que podría estar incapacitada para hacer frente al pago comprometido con los bonistas.

En la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el G-24 (grupo integrado por países en desarrollo de África, América Latina y el Caribe y Asia), alertó que "cualquier resolución que incentive un comportamiento predatorio de los holdouts podría socavar la arquitectura básica para préstamos soberanos y resolución de deuda".

Este llamado por parte de la comunidad internacional sobre los efectos que podría tener el caso de mantenerse los fallos de la justicia de Nueva York, fue hecho también por Francia, el G-77 más China y otras instituciones multilaterales.