No resulta extraño este accionar, por parte de un gobierno que piensa más en el empresariado y los poderes concentrados, que en el pueblo. Por eso, los palos en la rueda a la ley de alquileres, eran esperables.

Luego de que el proyecto haya obtenido media sanción en el Congreso, y que generara nerviosismo en los grandes capitales, el oficialismo prepara su propio proyecto.

Recordemos que la propuesta aprobada en el Senado plantea un tope a los aumentos, una mayor duración de los contratos, actualizaciones anuales asociadas a los índices oficiales de inflación, menos comisiones para las inmobiliarias: todas las complicaciones con las que cualquier trabajador tenía que lidiar antes de poder rentar un techo.

Pero el Gobierno no piensa en los que no tienen casa propia, sino al revés: la preocupación está puesta en el mercado inmobiliario y en los dueños de propiedades.

Según la palabra de Cambiemos, esta ley "del kirchnerismo" (como la llaman en el diario Clarín), perjudicaría al mercado desembocando en una baja en las ofertas de inmuebles, y aumentando el precio inicial por temor a verse en "desventaja".

También hay presiones por parte de referentes de la construcción y, seguramente, por varios de los involucrados en la "mesa chica", dueños de grandes capitales, por ende, de propiedades.

De un lado los empresarios, del otro los inquilinos. Justamente los primeros fueron los que cuestionaron la iniciativa, que podría convertirse en ley en Diputados. Pareciera que el Gobierno Nacional atiende más a los reclamos del sector empresario que del de los ciudadanos.