El Gobierno frenó el fallo que lo obligaba a restablecer las pensiones por invalidez
Tras asegurar que la baja de 170 mil pensiones por invalidez se trató de un "error" , el Gobierno apeló el fallo de la Justicia a favor de los damnificados.
En un nuevo avance contra los derechos de quienes más lo necesitan, el Gobierno ahora apeló al fallo que restituía las pensiones por discapacidad. El hecho se produce pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que se trataba de un "error administrativo" y que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil personas siguen sin recibir la prestación.
Esta vez, el Gobierno apeló a la orden de la justicia de reponer los pagos de las pensiones. Por su parte, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo que la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones, informó Política Argentina.
Desarrollo Social restableció hasta el momento la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según informaron desde la propia cartera que conduce Stanley a través de un comunicado, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas.
El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Camaratta, había dado lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones de forma “inmediata”, en aquellos casos en que hubieran sido suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”.
“Había sido un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar”, explicó a Página 12 la abogada de REDI, Varina Suleiman. La apelación era esperada por los abogados de REDI, pese a que Stanley insistió en que se daría marcha atrás con el recorte de pensiones por invalidez, aunque lo más indignante fue la determinación de que se suspenda la cobertura legal a los damnificados hasta que la Cámara decida sobre el tema.