En los próximos días el Gobierno presentará en un nuevo plan de reforma laboral, que apunta a dinamizar la contratación de nuevos empleados en las empresas privadas a partir de flexibilizar las condiciones de contración. Es decir, bajarle derechos a los trabajadores. La idea es que las compañías puedan incorporar nuevo personal por un período de tiempo, y que tengan facilidad para terminar la relación. En otras palabras, se trataría de un nuevo proyecto de "flexibilización laboral", indicó el portal Minutouno. 

Desde el Ejecutivo saben que un plan de este estilo, haría estallar políticamente la relación con nueva conducción tripartita de la CGT; además de la suba de la marea de las críticas opositoras. Sobre este seguro e inevitable rechazo político, deberá trabajar el Gobierno.

Al parecer, la presentación de los números de la caída del empleo que mostró el Indec, aceleraron los tiempos de presentación de la norma que, el gobierno trama secretamente desde que Mauricio Macri llegó al poder.

Sobre lo que se habla en los pasillos de la Rosada, las palabras que más se escucharon ayer fueron "competitividad" y "productividad" como los principales escollos para que crezca la demanda de empleo en el sector privado, en medio de una crisis en la actividad económica. Se reflexionó además en que para solucionar en parte este problema, el Gobierno debería avanzar en normas que faciliten la toma de empleados por parte de las empresas privadas, informó el mismo portal de noticias. 

Los puntos sobre los que trabaja parte del Gobierno serían, básicamente, la flexibilización de las condiciones de contratación para los nuevos trabajadores; en especial las personas que tengan entre 18 y 24 años que no hayan tenido antes un puesto en blanco; y la posibilidad de permitir negociaciones paritarias descentralizadas y por empresa, cuando los empleados lo consideren necesario eliminando incluso la obligatoriedad para que la cúpula sindical y las autoridades competentes avalen los acuerdos. En el primer caso se trataría de una revitalización de la "ley de primer empleo" que el Gobierno ya había enviado en mayo al Congreso y que por ahora permanece frenada.