El gobierno convirtió a Fabricaciones Militares en Sociedad del Estado y va rumbo a su privatización
Cuando Fabricaciones Militares era un ente autárquico el Estado no tenía derechos sobre sus bienes muebles o inmuebles. Algunos expertos aseguran que es el paso previo a su privatización.
En el boletín oficial del 1° de febrero salió publicada el decreto del gobierno gracias al cual se transforma la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, la entidad que funciona en el ámbito del Ministerio de Defensa, en una sociedad del Estado.
La decisión lleva las firmas del Ejecutivo nacional Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Defensa, Oscar Aguad.
“Resulta conveniente avanzar en la concreción de un marco jurídico que posibilite la reorganización administrativa, contable y financiera de dicha Dirección General, con el propósito de facilitar su operación con un nivel de dinamismo, eficiencia y economicidad comparables con el resto de las empresas pertenecientes al sector privado con incidencia en el ámbito de la producción de materiales para la defensa y la seguridad”, sostiene el Ejecutivo en el decreto 104/2019.
De acuerdo con la norma, la nueva sociedad del Estado tendrá los siguientes objetivos: “Investigación y desarrollo de tecnologías, fabricación, industrialización, explotación y transporte, así como la comercialización de bienes y servicios en las áreas de seguridad, defensa, minería, industria química e industria metalmecánica”.
El Gobierno busca crear una reserva militar con 10 mil civiles. En ese marco se detalla que: “Podrá comprar, vender, permutar, importar o exportar dichos bienes y servicios, y realizar toda otra actividad que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto”.
Asimismo, el Gobierno ordenó transferir a la nueva entidad “el presupuesto, bienes muebles e inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales” que en la actualidad están en la Dirección General de Fabricaciones Militares. Los trabajadores se encuentran en estado de alerta y aseguran que es un paso previo a la privatización definitiva y al desguase por lo que sus puestos de trabajo estarían en peligro.
El decreto establece un plazo de 180 días para iniciar las negociaciones de un Convenio Colectivo de Trabajo para su personal. “Durante el citado periodo, y hasta tanto entre en vigencia el nuevo convenio, los agentes conservarán las condiciones laborales de su actual vínculo”, se precisa en el escrito oficial.
También, facultó al Ministerio de Defensa “a ejecutar todos los actos previos que resulten necesarios para instrumentar la puesta en funcionamiento de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado”. Se desprende además, como conclusión de la nueva disposición, que la cartera a cargo del ministro Aguad “deberá instrumentar la transformación que por este acto se propicia, de modo tal de no afectar la normal continuidad de las actividades industriales, comerciales y administrativas a cuyo efecto dictará las normas complementarias y adoptará las medidas que resulten necesarias”.